February, 2023 | Opioid Learning Institute

Alarmante desafío de salud: venden opioides mezclados con tranquizilantes para animales en barrio de Philadelphia

Los traficantes utilizan xilacina, un sedante barato no autorizado, para cortar el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. El nombre callejero de la xilacina es “tranq”, y el fentanilo cortado con xilacina se llama “tranq dope”.

Muchas personas del barrio de Kensington, en Philadelphia —el mayor mercado abierto de drogas al aire libre de la costa este— son adictas y aspiran, fuman o se inyectan al aire libre, encorvadas sobre cajas o en los escalones de las casas. A veces es difícil saber si están vivos o muertos. Las jeringuillas ensucian las aceras y el hedor de la orina inunda el aire.

Las aflicciones del barrio se remontan a principios de los años 70, cuando la industria desapareció y el tráfico de drogas se afianzó. Con cada nueva oleada de drogas, la situación se agrava. Ahora está peor que nunca. Ahora, con la llegada de la xilacina, un tranquilizante de uso veterinario, nuevas complicaciones están sobrecargando un sistema ya desbordado.

“Hay que poner manos a la obra”, dijo Dave Malloy, un veterano trabajador social de Philadelphia que trabaja en Kensington y otros lugares de la ciudad.

La xilacina lleva una década diseminándose por el país, según la Agencia Antidroga (DEA). Su aparición ha seguido la ruta del fentanilo: empezando en los mercados de heroína en polvo blanco del noreste y desplazándose después hacia el sur y el oeste.

Además, ha demostrado ser fácil de fabricar, vender y transportar en grandes cantidades para los narcotraficantes extranjeros, que acaban introduciéndola en Estados Unidos, donde circula a menudo en paquetes de correo exprés.

La xilacina se detectó por primera vez en Philadelphia en 2006. En 2021 se encontró en el 90% de las muestras de opioides callejeros. En ese año, el 44% de todas las muertes por sobredosis no intencionales relacionadas con el fentanilo incluyeron xilacina, según estadísticas de la ciudad. Dado que los procedimientos de análisis durante las autopsias varían mucho de un estado a otro, no hay datos exhaustivos sobre las muertes por sobredosis con xilacina a nivel nacional, según la DEA.

Aquí en Kensington, los resultados están a la vista. Usuarios demacrados caminan por las calles con heridas necróticas en piernas, brazos y manos, que a veces llegan al hueso.

La vasoconstricción que provoca la xilacina y las condiciones antihigiénicas dificultan la cicatrización de cualquier herida, y mucho más de las úlceras graves provocadas por la xilacina, explicó Silvana Mazzella, directora ejecutiva de Prevention Point Philadelphia, un grupo que ofrece servicios conocidos como “reducción del daño”.

Stephanie Klipp, enfermera que se dedica al cuidado de heridas y a la reducción de daños en Kensington, dijo que ha visto a personas “viviendo literalmente con lo que les queda de sus extremidades, con lo que obviamente debería ser amputado”.

El papel que desempeña la xilacina en las sobredosis mortales pone de relieve uno de sus atributos más complicados. Al ser un depresor del sistema nervioso central, la naloxona no funciona cuando se trata de un sedante.

Aunque la naloxona puede revertir el opioide de una sobredosis de “tranq dope”, alguien debe iniciar la respiración artificial hasta que lleguen los servicios de emergencia o la persona consiga llegar a un hospital, cosa que a menudo no ocurre. “Tenemos que mantener a las personas con vida el tiempo suficiente para tratarlas, y eso aquí es diferente cada día”, explicó Klipp.

Si un paciente llega al hospital, el siguiente paso es tratar el síndrome de abstinencia agudo de “tranq dope”, que es algo delicado. Apenas existen estudios sobre cómo actúa la xilacina en humanos.

Melanie Beddis vivió con su adicción dentro y fuera de las calles de Kensington durante unos cinco años. Recuerda el ciclo de desintoxicación de la heroína. Fue horrible, pero después de unos tres días de dolores, escalofríos y vómitos, podía “retener la comida y posiblemente dormir”. Con la “tranq dope” fue peor. Cuando intentó dejar esa mezcla en la cárcel, no pudo comer ni dormir durante unas tres semanas.

Las personas que se desintoxican de la “tranq dope” necesitan más medicamentos, explicó Beddis, ahora en recuperación, quien ahora es directora de programas de Savage Sisters Recovery, que ofrece alojamiento, asistencia y reducción de daños en Kensington.

“Necesitamos una receta que sea eficaz”, señaló Jeanmarie Perrone, médica y directora fundadora del Centro de Medicina de Adicciones de Penn Medicine.

Perrone dijo que primero trata la abstinencia de opioides, y luego, si un paciente sigue experimentando malestar, a menudo utiliza clonidina, un medicamento para la presión arterial que también funciona para la ansiedad. Otros médicos han probado distintos fármacos, como la gabapentina, un medicamento anticonvulsivo, o la metadona.

“Es necesario que haya más diálogo sobre lo que funciona y lo que no, y que se ajuste en tiempo real”, afirmó Malloy.

Philadelphia ha anunciado recientemente que va a poner en marcha un servicio móvil de atención de heridas como parte de su plan de gastos de los fondos del acuerdo sobre opioides, con la esperanza de que esto ayude al problema de la xilacina.

Lo mejor que pueden hacer los especialistas en las calles es limpiar y vendar las úlceras, proporcionar suministros, aconsejar a la gente que no se inyecte en las heridas y recomendar tratamiento en centros médicos, explicó Klipp, que no cree que un hospital pueda ofrecer a sus pacientes un tratamiento adecuado contra el dolor. Muchas personas no pueden quebrar el ciclo de la adicción y no hacen seguimiento.

Mientras que la heroína solía dar un margen de 6-8 horas antes de necesitar otra dosis, la “tranq dope” solo da 3-4 horas, estimó Malloy. “Es la principal causa de que la gente no reciba la atención médica adecuada”, añadió. “No pueden estar el tiempo suficiente en urgencias”.

Además, aunque las úlceras resultantes suelen ser muy dolorosas, los médicos son reacios a dar a los usuarios analgésicos fuertes. “Muchos médicos ven eso como que buscan medicación en lugar de lo que está pasando la gente”, dijo Beddis.

Por su parte, Jerry Daley, director ejecutivo de la sección local de un programa de subvenciones gestionado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), dijo que los funcionarios de salud y las fuerzas del orden deben comenzar a tomar medidas enérgicas contra la cadena de suministro de xilacina y transmitir el mensaje de que las empresas deshonestas que la fabrican están “literalmente beneficiándose de la vida y las extremidades de las personas”.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

As Opioids Mixed With Animal Tranquilizers Arrive in Kensington, So Do Alarming Health Challenges

The veterinary tranquilizer xylazine, the choice du jour of local drug dealers to cut fentanyl, leads to necrotic ulcers and leaves street medics and physicians confused about how best to deal with this wave of the opioid crisis.

Many people living on the streets in Philadelphia’s Kensington neighborhood — the largest open-air drug market on the East Coast — are in full-blown addiction, openly snorting, smoking, or injecting illicit drugs, hunched over crates or on stoops. Syringes litter sidewalks, and the stench of urine fouls the air.

The neighborhood’s afflictions date to the early 1970s, when industry left and the drug trade took hold. With each new wave of drugs, the situation grows grimmer. Now, with the arrival of xylazine, a veterinary tranquilizer, new complications are burdening an already overtaxed system.

“It’s all hands on deck,” said Dave Malloy, a longtime Philadelphia social worker who does mobile outreach in Kensington and around the city.

Dealers are using xylazine, which is uncontrolled by the federal government and cheap, to cut fentanyl, a synthetic opioid up to 50 times stronger than heroin. The street name for xylazine is “tranq,” and fentanyl cut with xylazine is “tranq dope.” Mixed with the narcotic, xylazine amplifies and extends the high of fentanyl or heroin.

But it also has dire health effects: It leaves users with unhealing necrotic ulcers, because xylazine restricts blood flow through skin tissue. Also, since xylazine is a sedative rather than a narcotic, overdoses of tranq dope do not respond as well to the usual antidote — naloxone — which reverses the effects of only the latter.

Xylazine has been spreading across the country for at least a decade, according to the Drug Enforcement Administration, starting in the Northeast and then moving south and west. Plus, it has proven to be easy for offshore bad actors to manufacture, sell, and ship in large quantities, eventually getting it into the U.S., where it often circulates by express delivery.

First detected in Philadelphia in 2006, xylazine was found in 90% of street opioid samples in the city by 2021. That year, 44% of all unintentional fentanyl-related overdose deaths involved xylazine, city statistics show. Since testing procedures during postmortems vary widely from state to state, no comprehensive data for xylazine-positive overdose deaths nationally exists, according to the DEA.

Here in Kensington, the results are on display. Emaciated users walk the streets with necrotic wounds on their legs, arms, and hands, sometimes reaching the bone.

Efforts to treat these ulcers are complicated by the narrowing of blood vessels that xylazine causes as well as dehydration and the unhygienic living conditions that many users experience while living homeless, said Silvana Mazzella, associate executive officer of the public health nonprofit Prevention Point Philadelphia, a group that provides services known as harm reduction.

Stephanie Klipp, a nurse who does wound care and is active in harm reduction efforts in Kensington, said she has seen people “literally living with what’s left of their limbs — with what obviously should be amputated.”

Fatal overdoses are rising because of xylazine’s resistance to naloxone. When breathing is suppressed by a sedative, the treatment is CPR and transfer to a hospital to be put on a ventilator. “We have to keep people alive long enough to treat them, and that looks different every day here,” Klipp said.

If a patient reaches the hospital, the focus becomes managing acute withdrawal from tranq dope, which is dicey. Little to no research exists on how xylazine acts in humans.

Melanie Beddis lived with her addiction on and off the streets in Kensington for about five years. She remembers the cycle of detoxing from heroin cold turkey. It was awful, but usually, after about three days of aches, chills, and vomiting, she could “hold down food and possibly sleep.” Tranq dope upped that ante, said Beddis, now director of programs for Savage Sisters Recovery, which offers housing, outreach, and harm reduction in Kensington.

She recalled that when she tried to kick this mix in jail, she couldn’t eat or sleep for about three weeks.

There is no clear formula for what works to aid detoxing from opiates mixed with xylazine.

“We do need a recipe that’s effective,” said Dr. Jeanmarie Perrone, founding director of the Penn Medicine Center for Addiction Medicine and Policy.

Perrone said she treats opioid withdrawal first, and then, if a patient is still uncomfortable, she often uses clonidine, a blood pressure medication that also lessens anxiety. Other doctors have tried gabapentin, an anticonvulsant medication sometimes used for anxiety.

Methadone, a medication for opioid use disorder, which blunts the effects of opioids and can be used for pain management, seems to help people in tranq dope withdrawal, too.

In the hospital, after stabilizing a patient, caring for xylazine wounds may take priority. This can range from cleaning, or debridement, to antibiotic treatment — sometimes intravenously for periods as long as weeks — to amputation.

Philadelphia recently announced it is launching mobile wound care as part of its spending plan for opioid settlement funds, hopeful that this will help the xylazine problem.

The best wound care that specialists on the street can do is clean and bandage ulcers, provide supplies, advise people not to inject into wounds, and recommend treatment in medical settings, said Klipp. But many people are lost in the cycle of addiction and don’t follow through.

While heroin has a six- to eight-hour window before the user needs another hit, tranq dope wanes in just three or four, Malloy estimated. “It’s the main driver why people don’t get the proper medical care,” he said. “They can’t sit long enough in the ER.”

Also, while the resulting ulcers are typically severely painful, doctors are reluctant to give users strong pain meds. “A lot of docs see that as med-seeking rather than what people are going through,” Beddis said.

In the meantime, Jerry Daley, executive director of the local chapter of a grant program run by the Office of National Drug Control Policy, said health officials and law enforcement need to start cracking down on the xylazine supply chain and driving home the message that rogue companies that make xylazine are “literally profiting off of people’s life and limb.”

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Montana Lawmakers Seek More Information About Governor’s HEART Fund

Republican Gov. Greg Gianforte’s Healing and Ending Addiction Through Recovery and Treatment fund has spent $5.2 million since 2021. With a proposed increase, providers and lawmakers alike want to tap into the money.

A fund championed by Gov. Greg Gianforte to fill gaps in Montana’s substance use and behavioral health treatment programs has spent $5.2 million since last year as the state waits for an additional $19 million in federal funding.

Now, the Republican governor wants to put more state money into the Healing and Ending Addiction Through Recovery and Treatment initiative, but lawmakers and mental health advocates are asking for more accountability and clarity on how the money is spent.

Republican Rep. Jennifer Carlson, chair of the Human Services Committee of the Montana House of Representatives, said her committee has heard bill proposals seeking to use HEART money for child care and suicide prevention programs, among others. She is sponsoring a bill to increase HEART initiative reporting requirements.

“You really have to think, is that what that money is for, or is that just what’s convenient?” said Carlson.

Matt Kuntz, executive director of the Montana chapter of the National Alliance on Mental Illness, said a lot of questions have been floating around about the initiative this legislative session.

“Nobody really knows exactly how this is being spent or the process of how to get it,” Kuntz said.

The legislature passed Gianforte’s HEART initiative soon after he took office. It uses revenue primarily from recreational marijuana taxes for the state’s $6 million annual share to be distributed to programs dedicated to treating substance use and mental health disorders.

A federal match would bring the fund total to $25 million, but the state is waiting for full approval of its Medicaid waiver application from the Centers for Medicare & Medicaid Services. The federal agency approved part of the waiver last year.

“Until CMS approves the full HEART waiver, the state is limited in what we can do,” said Jon Ebelt, spokesperson for the state Department of Public Health and Human Services.

The health department submits a report to CMS four times a year. Department officials did not respond to a request by KHN for the latest report. The department is supposed to receive reports from tribal nations on how their funds were used. It didn’t specify whether it had received any.

Carlson’s House Bill 310 would require the department to report HEART initiative spending to the Children, Families, Health, and Human Services Interim Committee each year. That reporting would allow lawmakers to know what the money had already been used for, and if there might be a better way to spend it, Carlson said.

When Gianforte introduced the HEART initiative during his 2021 State of the State speech, he said it was designed to give directly to local communities, which know their own needs best.

“This is not bigger government,” the governor said at the time.

The HEART money is distributed through grants and Medicaid-funded services. Of the $5.2 million distributed since 2022, $1.5 million has gone to Medicaid for services like inpatient and residential chemical dependency services, Ebelt said.

Eight Indigenous tribal nations have received $1 million covering fiscal year 2022, the first year of the fund, and 2023, the current fiscal year, which ends June 30. Those grants went toward substance use prevention; mental health promotion; mental health crisis, treatment, and recovery services; and tobacco cessation and prevention.

Seven county detention centers received a total of $2.7 million in HEART money through a competitive grant process to provide behavioral health services at those facilities.

Missoula County hired a therapist, jail care coordinator, and mental health transport officer with its share. Gallatin County hired a counselor and two social workers, and Lewis and Clark County hired a therapist, case manager, and education and transport manager.

Jackie Kerry Lemon, program and facilities director at the Gallatin County Detention Center, said the money had to be used for mental health and addiction services. “Our population is often in crisis when they come to us, so having that ability to have a therapist see them really does help with their anxiety and their needs at a good time,” Kerry Lemon said.

Democratic Rep. Mary Caferro said the HEART money could go toward increases in the Medicaid rates paid to health care providers, which a state study found fall short of the cost of care, or mobile crisis response teams, which the health department intends to provide as a Medicaid service.

Caferro is sponsoring a bill on behalf of the National Alliance on Mental Illness to add youth suicide prevention to the list of programs eligible for HEART funding.

Mary Windecker, executive director of the Behavioral Health Alliance of Montana, said the HEART fund initially was meant to support tribes and county jails, and only recently did it start funding community substance use and mental health programs, after last year’s partial Medicaid waiver approval.

That allowed larger substance use disorder treatment centers (more than 17 beds) to receive Medicaid reimbursement for short-term stays at institutions for mental illness, like Rimrock in Billings and the Badlands Treatment Center in Glendive.

From July 2022 to January 2023, Ebelt said, 276 Medicaid recipients were treated in Rimrock and Badlands. A facility in Clinton, the Recovery Centers of Montana, opened in December and will be licensed for 55 additional beds able to serve patients with the new Medicaid benefit, Ebelt said. Gianforte proposed in his state budget to increase the amount going into the HEART fund by changing the funding formula from $6 million a year to 11% of Montana’s annual recreational marijuana tax revenue.

The Behavioral Health Alliance recommended that change, but, as with many of the health-related proposals in this legislative session, a major factor in the HEART initiative’s success will be whether Medicaid provider rates are raised enough, Windecker said. If provider rates aren’t funded at the full cost of care, people won’t be available to provide the care the initiative promises, she said.

The committee that meets to determine the health department’s budget will hear a presentation about the HEART initiative on Feb. 9.

Keely Larson is the KHN fellow for the UM Legislative News Service, a partnership of the University of Montana School of Journalism, the Montana Newspaper Association, and Kaiser Health News. Larson is a graduate student in environmental and natural resources journalism at the University of Montana.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).