Fentanilo en la escuela secundaria: una comunidad de Texas se enfrenta al mortal opioide

Desde julio, cuatro estudiantes del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays, al sur de Austin, han muerto por sobredosis de fentanilo.

KYLE, Texas – Los pasillos de la escuela secundaria Lehman lucían como cualquier otro en un día reciente de otoño. Sus 2,100 estudiantes hablaban y reían mientras se apresuraban a ir a sus clases en medio de paredes cubiertas de afiches que anunciaban eventos del baile de bienvenida, clubes y partidos de fútbol americano. Sin embargo, junto a esos afiches había algunos con un sombrío mensaje que advertía a los estudiantes de que el fentanilo es extremadamente mortal.

Esos carteles no estaban allí el año pasado.

Justo antes de que comenzara el año escolar, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays, que incluye a Lehman, anunció que dos estudiantes habían muerto después de tomar pastillas con fentanilo. Fueron las primeras muertes de estudiantes relacionadas con el opioide sintético en este distrito escolar del centro de Texas, que tiene campus de secundaria en Kyle y Buda, una ciudad cercana.

En el primer mes de clases, se confirmaron otras dos muertes.

La reacción de las autoridades escolares, empleados, estudiantes y padres ha sido intensa, una mezcla de angustia y terror con ira y ganas de actuar. La comunidad, al parecer, está dispuesta a contraatacar. El sistema escolar ha dado prioridad a su actual campaña educativa contra las drogas. Los estudiantes hacen frente a sus conductas de riesgo y a la presión de sus compañeros. Y los padres intentan iniciar conversaciones difíciles sobre las drogas con sus hijos.

Están “cogiendo el toro por los cuernos”, dijo Tim Savoy, jefe de comunicaciones del distrito escolar.

Pero también hay dudas sobre si esos esfuerzos serán suficientes.

El problema de sobredosis que afronta el distrito, que está justo al sur de Austin y a una hora al noreste de San Antonio, imita una tendencia nacional.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2021 murieron más de 107,000 personas por sobredosis, todo un récord. La mayoría de esas muertes —7,238 de ellas— estuvo relacionada con el fentanilo y otros opioides sintéticos. La Administración para el Control de Drogas ha advertido que el fentanilo se encuentra cada vez más en “píldoras de recetas falsas” que son “fácilmente accesibles y a menudo se venden en las redes sociales y plataformas de comercio electrónico”.

El jefe de policía de Kyle, Jeff Barnett, dijo que eso es un problema que afronta en su comunidad. “Probablemente podrías encontrar una píldora con fentanilo en cinco minutos en las redes sociales y probablemente organizar un encuentro en una hora” con un traficante, dijo Barnett.

La amenaza del fentanilo ha hecho que los estudiantes de secundaria sean más propensos a conseguir las píldoras letales. Pueden creer que están consumiendo drogas para fiestas que, aunque son ilegales, no son -por sí solas- tan mortales como el fentanilo.

Los chicos “no están comprando fentanilo intencionadamente”, indicó Jennifer Sharpe Potter, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento en UT Health San Antonio, en un testimonio durante una audiencia celebrada en septiembre ante la Cámara de Representantes de Texas. No saben qué hay en las pastillas que compran, añadió, y describió el problema como la “tercera ola de la crisis de sobredosis”.

Kevin McConville, de 17 años, un estudiante de Lehman que murió en agosto, parece ser una de las víctimas de esta ola. En un vídeo producido por el distrito, los padres de Kevin explican con una inmensa tristeza en sus ojos que, tras la muerte de su hijo, se enteraron por sus amigos de que tenía dificultades para dormir. Tras tomar pastillas que creía que eran Percocet y Xanax, no se despertó.

Historias como esta han llevado al distrito escolar a emitir la siguiente advertencia en su página web: “El fentanilo está aquí. Tenemos que hablar del fentanilo. Y el fentanilo es mortal”. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, según la DEA, y dos miligramos son potencialmente letales.

El distrito ha puesto en marcha la campaña “Lucha contra el fentanilo”, que cuenta con la colaboración de la policía municipal y de los servicios médicos de urgencia. Hay un “HopeLine” al que los alumnos pueden enviar anónimamente información sobre compañeros que puedan estar consumiendo drogas ilícitas. A partir de sexto grado, los alumnos deben ver un vídeo de 13 minutos en el que se recalca lo peligroso y mortal que es el fentanilo y se explica cómo identificar si un compañero puede tener una sobredosis.

“Estamos reclutando a los estudiantes para que nos ayuden a ser los ojos y los oídos si están en una fiesta o en casa de un amigo”, dijo Savoy.

El sistema escolar también espera concienciar a los estudiantes de los riesgos que afrontan. No se puede confiar en ninguna píldora, sea cual sea, que no proceda de una farmacia: “Es como jugar a la ruleta rusa”, dijo Savoy.

El mensaje parece que está llegando. Sara Hutson, alumna del último año del instituto Lehman, dice que compartir pastillas que se venden sin receta, como Tylenol y Motrin, solía ser habitual, pero ya no lo considera seguro. Ya no confía.

Pero otros estudiantes no son tan precavidos. Lisa Peralta compartió en un post de Facebook en septiembre que su hija, que está en séptimo grado, admitió haber comido una “gomita para la ansiedad” que le dio su amiga. “Tengo miedo porque mi hija se deja llevar por sus amigos”, escribió la residente de Kyle. “No confío en que no lo vuelva a hacer si se siente presionada”.

Por muy claros que sean los mensajes del distrito y de los padres, a Savoy le preocupa que nunca sean suficientes porque los estudiantes son muy aventureros. “Es simplemente la mentalidad adolescente”, dijo. “Piensan: ‘Somos invencibles; a mí no me va a pasar’. Pero está pasando en nuestra comunidad”.

Aun así, los sentimientos de descontento y dolor son a veces palpables. Los estudiantes se pelean más en la escuela, dijo Jacob Valdez, un estudiante de décimo grado de Lehman que conocía a dos de los estudiantes que murieron. Eso puede estar pasando, añadió, porque “todo el mundo está angustiado”.

La tensión no se limita a los estudiantes de intermedia y secundaria. También se ha vuelto muy real para los padres de los niños de primaria, desde que la DEA advirtió al público en agosto sobre las píldoras con fentanilo que parecen caramelos de colores brillantes. El distrito escolar de Hays también está colgando carteles de advertencia dirigidos a los estudiantes más jóvenes.

Jillien Brown, de Kyle, dijo que está preocupada por sus hijas, Vivian, de 5 años, y Scarlett, de 7. “Les hemos dicho que están ocurriendo cosas aterradoras, que la gente se está poniendo muy enferma y está muriendo por tomar lo que creen que son caramelos o medicamentos”, indicó Brown. “Utilizamos la palabra ‘veneno’, como cuando Blancanieves mordió la manzana”.

Pero la conversación debe ser continua, dijo Brown, porque al día siguiente de hablar con sus hijas, “un niño pequeño en el autobús les dio un caramelo y se lo comieron”.

Del mismo modo, April Munson, residente en Kyle y antigua profesora de primaria, considera que todo es “desgarrador”. Le mostró a su hijo de 9 años, Ethan, fotos de las píldoras multicolores de “fentanilo arco iris”. “Es una conversación difícil de tener, pero las conversaciones difíciles son a menudo las más importantes”, dijo. “Y, realmente, no puedes permitirte dejar de hablar del tema”.

Y mientras los padres y los funcionarios escolares intentan evitar que el fentanilo vuelva a castigar, llega otro golpe de realidad.

El año pasado, el distrito escolar comenzó a almacenar en cada escuela un suministro de naloxona, el fármaco para revertir sobredosis, también conocido como Narcan. En lo que va de semestre, a pesar de todo lo que ha pasado, lo han tenido que utilizar para salvar a otros cuatro estudiantes, dijo Savoy. En un caso, los socorristas tuvieron que usar tres dosis para reanimar a un estudiante: el fentanilo “era así de fuerte”, agregó.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Fentanyl in High School: A Texas Community Grapples With the Reach of the Deadly Opioid

The first fentanyl-related deaths of students in an area south of Austin, Texas, were reported over the summer. The school district, parents, and students are trying to deal with the aftermath.

KYLE, Texas — The hallways of Lehman High School looked like any other on a recent fall day. Its 2,100 students talked and laughed as they hurried to their next classes, moving past walls covered with flyers that advertised homecoming events, clubs, and football games. Next to those flyers, though, were posters with a grim message warning students that fentanyl is extremely deadly.

Those posters weren’t there last school year.

Right before this school year started, the Hays Consolidated Independent School District, which includes Lehman, announced that two students had died after taking fentanyl-laced pills. They were the first recorded student deaths tied to the synthetic opioid in this Central Texas school district, which has high school campuses in Kyle and Buda, a nearby town. Within the first month of school, two more fatalities were confirmed.

The reaction from school officials, employees, students, and parents has been intense, mixing heartbreak and terror with anger and action. The community, it seems, is ready to fight back. The school system has prioritized its existing anti-drug educational campaign. Students are wrestling with their risky behaviors and peer pressure. And parents are trying to start difficult conversations about drugs with their children.

They are “taking the bull by the horns,” said Tim Savoy, the school district’s chief communications officer.

But there are also questions about whether those efforts will be enough.

The overdose problem facing the district, which is just south of Austin and about an hour northeast of San Antonio, mimics a nationwide trend. More than 107,000 people in the U.S. died of drug overdoses in 2021, according to the Centers for Disease Control and Prevention, a record. Most of those deaths — 71,238 of them — involved fentanyl and other synthetic opioids. The Drug Enforcement Administration has warned that fentanyl is increasingly finding its way into “fake prescription pills” that are “easily accessible and often sold on social media and e-commerce platforms.”

The police chief in Kyle, Jeff Barnett, said that’s a problem in his area. “You could probably find a fentanyl-laced pill within five minutes on social media and probably arrange a meeting within the hour” with a dealer, Barnett said.

The fentanyl threat has made high schoolers more susceptible to getting ahold of the lethal pills. They might believe they are using party drugs that, though illegal, are not — on their own — nearly as deadly as fentanyl.

The kids are “not intentionally buying fentanyl,” Jennifer Sharpe Potter, a professor of psychiatry and behavioral sciences at UT Health San Antonio, said in testimony during a September hearing before the Texas House of Representatives. They don’t know that it’s in the pills they buy, she added, describing the problem as the “third wave of the overdose crisis.”

Seventeen-year-old Kevin McConville, a Lehman student who died in August, appears to be one of this wave’s victims. In a video the district produced, Kevin’s parents explain with grief heavy in their eyes that after their son’s death, they learned from his friends that he was struggling to sleep. After taking pills he thought were Percocet and Xanax, he didn’t wake up, his parents said.

Stories like that have led the school district to issue the following warning on its website: “Fentanyl is here. We need to talk about fentanyl. And fentanyl is deadly.” It’s 100 times as potent as morphine and 50 times as potent as heroin, according to the DEA, and 2 milligrams is potentially lethal.

The district launched a “Fighting Fentanyl” campaign — which enlists city police and emergency medical services personnel. There’s a “HopeLine” to which students can anonymously send information about classmates who may be taking illicit drugs. Starting in sixth grade, students are required to watch a 13-minute video that underscores how dangerous and deadly fentanyl is and explains how to identify when a classmate may be overdosing.

“We’re recruiting students to help us be the eyes and ears if they’re at a party or at a friend’s house,” Savoy said.

The school system also hopes to raise students’ awareness of the risks they face. Any pill — no matter what it is — that didn’t come from a pharmacy cannot be trusted: “It’s like playing Russian roulette,” Savoy said.

The message may be resonating. Sara Hutson, a Lehman High senior, said sharing over-the-counter pills such as Tylenol and Motrin used to be common, but she no longer considers it safe. Her trust is gone.

But other students aren’t as cautious. Lisa Peralta shared in a Facebook post in September that her daughter, who is in seventh grade, admitted to eating an “anxiety gummy” her friend gave her. “I’m scared because my daughter is a follower,” the Kyle resident wrote. “I just don’t trust that she won’t do it again if she feels pressured.”

No matter how clear the district and parents make their messages, Savoy worries they may never be enough because students are so adventurous. “It’s just the teenage mindset,” he said. “They think, ‘We’re invincible; it’s not going to happen to me.’ But it is happening to us in our community.”

Still, the feelings of unease and grief are sometimes palpable. Students have been fighting more at school, said Jacob Valdez, a Lehman sophomore who knew two of the students who died. That might be happening, he added, because “everyone is just angsty.”

The tension is not limited to middle and high school students. It’s also become very real for parents of elementary school kids, since the DEA warned the public in August about fentanyl-laced pills that look like brightly colored candies. The Hays school district is also hanging warning posters geared toward younger students.

Jillien Brown of Kyle said she is worried about her daughters, 5-year-old Vivian and 7-year-old Scarlett. “We told them that there’s some scary things going on, that people are getting very sick and they’re dying from taking what they think is candy or medicine,” Brown said. “We use the word ‘poison,’ so like when Snow White bit the apple.”

But the conversation must be ongoing, Brown said, because the day after she talked to her daughters, “some little kid on the bus gave them a candy and they ate it.”

Similarly, Kyle resident April Munson, a former elementary school teacher, considers it all “gut-wrenching.” She showed her 9-year-old son, Ethan, pictures of the multicolored “rainbow fentanyl” pills. “It’s a hard conversation to have, but hard conversations are often the most important ones,” she said. “And, really, you can’t afford to have elephants in the room.”

And even as parents and the school officials attempt to prevent fentanyl from striking again, another reality check comes.

Last year, the school district started stocking in every school a supply of the overdose reversal drug naloxone, also known as Narcan. So far this semester, despite all the community has gone through, it has been used to save four more students, Savoy said. In one case, Savoy said, first responders had to use three doses to revive a student — the fentanyl “was that strong,” he said.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Fentanyl in High School: A Texas Community Grapples With the Reach of the Deadly Opioid

The first fentanyl-related deaths of students in an area south of Austin, Texas, were reported over the summer. The school district, parents, and students are trying to deal with the aftermath.

KYLE, Texas — The hallways of Lehman High School looked like any other on a recent fall day. Its 2,100 students talked and laughed as they hurried to their next classes, moving past walls covered with flyers that advertised homecoming events, clubs, and football games. Next to those flyers, though, were posters with a grim message warning students that fentanyl is extremely deadly.

Those posters weren’t there last school year.

Right before this school year started, the Hays Consolidated Independent School District, which includes Lehman, announced that two students had died after taking fentanyl-laced pills. They were the first recorded student deaths tied to the synthetic opioid in this Central Texas school district, which has high school campuses in Kyle and Buda, a nearby town. Within the first month of school, two more fatalities were confirmed.

The reaction from school officials, employees, students, and parents has been intense, mixing heartbreak and terror with anger and action. The community, it seems, is ready to fight back. The school system has prioritized its existing anti-drug educational campaign. Students are wrestling with their risky behaviors and peer pressure. And parents are trying to start difficult conversations about drugs with their children.

They are “taking the bull by the horns,” said Tim Savoy, the school district’s chief communications officer.

But there are also questions about whether those efforts will be enough.

The overdose problem facing the district, which is just south of Austin and about an hour northeast of San Antonio, mimics a nationwide trend. More than 107,000 people in the U.S. died of drug overdoses in 2021, according to the Centers for Disease Control and Prevention, a record. Most of those deaths — 71,238 of them — involved fentanyl and other synthetic opioids. The Drug Enforcement Administration has warned that fentanyl is increasingly finding its way into “fake prescription pills” that are “easily accessible and often sold on social media and e-commerce platforms.”

The police chief in Kyle, Jeff Barnett, said that’s a problem in his area. “You could probably find a fentanyl-laced pill within five minutes on social media and probably arrange a meeting within the hour” with a dealer, Barnett said.

The fentanyl threat has made high schoolers more susceptible to getting ahold of the lethal pills. They might believe they are using party drugs that, though illegal, are not — on their own — nearly as deadly as fentanyl.

The kids are “not intentionally buying fentanyl,” Jennifer Sharpe Potter, a professor of psychiatry and behavioral sciences at UT Health San Antonio, said in testimony during a September hearing before the Texas House of Representatives. They don’t know that it’s in the pills they buy, she added, describing the problem as the “third wave of the overdose crisis.”

Seventeen-year-old Kevin McConville, a Lehman student who died in August, appears to be one of this wave’s victims. In a video the district produced, Kevin’s parents explain with grief heavy in their eyes that after their son’s death, they learned from his friends that he was struggling to sleep. After taking pills he thought were Percocet and Xanax, he didn’t wake up, his parents said.

Stories like that have led the school district to issue the following warning on its website: “Fentanyl is here. We need to talk about fentanyl. And fentanyl is deadly.” It’s 100 times as potent as morphine and 50 times as potent as heroin, according to the DEA, and 2 milligrams is potentially lethal.

The district launched a “Fighting Fentanyl” campaign — which enlists city police and emergency medical services personnel. There’s a “HopeLine” to which students can anonymously send information about classmates who may be taking illicit drugs. Starting in sixth grade, students are required to watch a 13-minute video that underscores how dangerous and deadly fentanyl is and explains how to identify when a classmate may be overdosing.

“We’re recruiting students to help us be the eyes and ears if they’re at a party or at a friend’s house,” Savoy said.

The school system also hopes to raise students’ awareness of the risks they face. Any pill — no matter what it is — that didn’t come from a pharmacy cannot be trusted: “It’s like playing Russian roulette,” Savoy said.

The message may be resonating. Sara Hutson, a Lehman High senior, said sharing over-the-counter pills such as Tylenol and Motrin used to be common, but she no longer considers it safe. Her trust is gone.

But other students aren’t as cautious. Lisa Peralta shared in a Facebook post in September that her daughter, who is in seventh grade, admitted to eating an “anxiety gummy” her friend gave her. “I’m scared because my daughter is a follower,” the Kyle resident wrote. “I just don’t trust that she won’t do it again if she feels pressured.”

No matter how clear the district and parents make their messages, Savoy worries they may never be enough because students are so adventurous. “It’s just the teenage mindset,” he said. “They think, ‘We’re invincible; it’s not going to happen to me.’ But it is happening to us in our community.”

Still, the feelings of unease and grief are sometimes palpable. Students have been fighting more at school, said Jacob Valdez, a Lehman sophomore who knew two of the students who died. That might be happening, he added, because “everyone is just angsty.”

The tension is not limited to middle and high school students. It’s also become very real for parents of elementary school kids, since the DEA warned the public in August about fentanyl-laced pills that look like brightly colored candies. The Hays school district is also hanging warning posters geared toward younger students.

Jillien Brown of Kyle said she is worried about her daughters, 5-year-old Vivian and 7-year-old Scarlett. “We told them that there’s some scary things going on, that people are getting very sick and they’re dying from taking what they think is candy or medicine,” Brown said. “We use the word ‘poison,’ so like when Snow White bit the apple.”

But the conversation must be ongoing, Brown said, because the day after she talked to her daughters, “some little kid on the bus gave them a candy and they ate it.”

Similarly, Kyle resident April Munson, a former elementary school teacher, considers it all “gut-wrenching.” She showed her 9-year-old son, Ethan, pictures of the multicolored “rainbow fentanyl” pills. “It’s a hard conversation to have, but hard conversations are often the most important ones,” she said. “And, really, you can’t afford to have elephants in the room.”

And even as parents and the school officials attempt to prevent fentanyl from striking again, another reality check comes.

Last year, the school district started stocking in every school a supply of the overdose reversal drug naloxone, also known as Narcan. So far this semester, despite all the community has gone through, it has been used to save four more students, Savoy said. In one case, Savoy said, first responders had to use three doses to revive a student — the fentanyl “was that strong,” he said.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

El nuevo movimiento MADD: padres toman acción contra las muertes por drogas

Siguiendo el modelo de Mothers Against Drunk Driving, que generó un movimiento en la década de 1980, organizaciones como Victims of Illicit Drugs y Alexander Neville Foundation buscan aumentar la conciencia pública e influir en las políticas sobre drogas.

La vida tal como la conocía terminó para Matt Capelouto dos días antes de Navidad en 2019, cuando encontró a su hija de 20 años, Alexandra, muerta en la habitación de su infancia en Temecula, California. La ira superó al dolor cuando las autoridades dictaminaron que su muerte fue accidental.

La estudiante de segundo año de la universidad, que estaba pasando las vacaciones en casa, había tomado media pastilla que compró a un dealer a través de Snapchat. Resultó ser fentanilo, el poderoso opioide sintético que ayudó a que las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos ascendieran a más de 100,000 el año pasado.

“La envenenaron y a la persona que lo hizo no iba a pasarle nada”, dijo. “No pude soportarlo”.

Capelouto, quien se describe a sí mismo como políticamente moderado, dijo que la experiencia lo volvió cínico sobre la renuencia de California a imponer sentencias severas por delitos de drogas.

Así que el padre suburbano que una vez dedicó todo su tiempo a administrar su imprenta y criar a sus cuatro hijas, lanzó un grupo llamado Drug Induced Homicide y viajó a Sacramento en abril para cabildear por una legislación conocida como “Alexandra’s Law”.

El proyecto de ley habría facilitado que los fiscales de California condenaran a los vendedores de drogas letales por cargos de homicidio.

La organización de Capelouto es parte de un movimiento nacional de padres que se convirtieron en activistas, que luchan contra la cada vez más mortal crisis de las drogas, y están desafiando la doctrina de California de que las drogas deben ser tratadas como un problema de salud en lugar de ser procesadas por el sistema de justicia penal.

Siguiendo el modelo de Mothers Against Drunk Driving, que generó un movimiento en la década de 1980, organizaciones como Victims of Illicit Drugs y Alexander Neville Foundation buscan aumentar la conciencia pública e influir en las políticas sobre drogas. Un grupo, Mothers Against Drug Deaths, rinde homenaje a MADD tomando prestadas sus siglas.

Estos grupos presionan a los legisladores estatales para que impongan sanciones más estrictas a los distribuidores y a las empresas de tecnología de cabildeo para permitir que los padres controlen las comunicaciones de sus hijos en las redes sociales.

Colocan cartels en las calles que culpan a los políticos por la crisis de las drogas y organizan protestas de “muerte” contra los mercados de drogas al aire libre en Venice Beach, en Los Ángeles y el vecindario Tenderloin de San Francisco.

“Este problema se resolverá con los esfuerzos de base de las familias afectadas”, dijo Ed Ternan, quien lidera el grupo Song for Charlie, con sede en Pasadena, que se enfoca en educar a los jóvenes sobre los peligros de las píldoras falsificadas.

Muchos padres se movilizaron después de una ola de muertes que comenzó en 2019. A menudo, se trataba de estudiantes de secundaria o universitarios que pensaban que estaban tomando OxyContin o Xanax comprados en las redes sociales, pero en realidad estaban tomando pastillas que contenían fentanilo.

La droga llegó por primera vez a la costa este hace casi una década, en gran parte a través del suministro de heroína, pero desde entonces los cárteles mexicanos han introducido productos farmacéuticos falsificados mezclados con el polvo altamente adictivo en California y Arizona para atraer nuevos clientes.

En muchos casos, las víctimas de sobredosis son estudiantes sobresalientes o atletas estrella de los suburbios, lo que da lugar a un ejército de padres educados y comprometidos que desafían el silencio y el estigma que rodea a las muertes por drogas.

Ternan no sabía casi nada sobre el fentanilo cuando su hijo de 22 años, Charlie, murió en el dormitorio de la casa de su fraternidad en la Universidad de Santa Clara unas semanas antes de que se graduara en la primavera de 2020.

Los familiares determinaron a partir de los mensajes en el teléfono de Charlie que había tenido la intención de comprar Percocet, un analgésico recetado que había tomado después de una cirugía de espalda dos años antes. Los socorristas dijeron que el estudiante universitario de 6 pies y 2 pulgadas, y 235 libras, murió media hora después de tomar una píldora falsificada.

Ternan descubrió una serie de muertes similares en otras comunidades de Silicon Valley. En 2021, 106 personas murieron por sobredosis de fentanilo en el condado de Santa Clara, frente a las 11 de 2018. Las muertes incluían a un estudiante de segundo año de la Universidad de Stanford y a una niña de 12 años en San José.

Con la ayuda de dos ejecutivos de Google que perdieron a sus hijos a causa de las píldoras mezcladas con fentanilo, Ternan convenció a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas de redes sociales para que donaran espacios publicitarios para mensajes de advertencia sobre medicamentos falsificados.

La presión de los grupos de padres también ha impulsado a Snapchat, con sede en Santa Mónica, a implementar herramientas para detectar la venta de drogas y restricciones diseñadas para dificultar que los traficantes se dirijan a los menores.

Desde los primeros días de la epidemia de opioides, las familias de las personas que se enfrentan a la adicción y de las que han muerto por sobredosis se han apoyado mutuamente en los sótanos de las iglesias y en las plataformas en línea desde Florida hasta Oregon. Ahora, las organizaciones familiares que surgieron de la crisis del fentanilo en California han comenzado a cooperar entre sí.

Recientemente se formó una red de padres y otros activistas que se hace llamar la California Peace Coalition liderada por Michael Shellenberger, un autor y activista de Berkeley que se postula para gobernador como independiente.

Una crítica de las políticas progresistas de California es Jacqui Berlinn, una empleada de procesamiento legal en East Bay que inició Mothers Against Drug Deaths, un nombre que eligió como homenaje a los logros de la fundadora de Mothers Against Drunk Driving, Candace Lightner, ama de casa de Fair Oaks cuya hija de 13 años fue asesinada en 1980 por un conductor ebrio.

El hijo de Berlinn, Corey, de 30 años, ha consumido heroína y fentanilo durante siete años en las calles de San Francisco. “Mi hijo no es basura”, dijo Berlinn. “Se merece recuperar su vida”.

Berlinn cree que la decisión de la ciudad de no acusar a los traficantes ha permitido que florezcan los mercados de narcóticos al aire libre en ciertos vecindarios y el consumo de drogas, en lugar de alentar a las personas que enfrentan adicciones a buscar ayuda.

En abril, el grupo de Berlinn gastó $25,000 para erigir una valla publicitaria en el exclusivo distrito comercial de Union Square. Sobre una resplandeciente toma nocturna del puente Golden Gate, el letrero dice: “Famosos en todo el mundo por nuestros cerebros, belleza y, ahora, fentanilo sucio muy barato”.

Este mes, el grupo instaló un letrero a lo largo de la Interestatal 80 en dirección a Sacramento que apunta al gobernador demócrata Gavin Newsom.

Reproduciendo la señalización utilizada en los parques nacionales, la cartel presenta un saludo de “Bienvenido al Campamento Fentanyl” contra una toma de un campamento para personas sin hogar. El grupo dijo que una valla publicitaria móvil también rodeará el Capitolio estatal por un período no revelado.

Mothers Against Drug Deaths está pidiendo más opciones y fondos para el tratamiento de drogas y más arrestos de traficantes. Este último marcaría un giro brusco del evangelio de la “reducción de daños”, un enfoque de salud pública adoptado por funcionarios estatales y locales que considera que la abstención es poco realista.

En cambio, esta estrategia exige ayudar a las personas que enfrentan adicciones a mantenerse seguras a través de intercambios de agujas y naloxona, un fármaco para revertir la sobredosis que ha salvado miles de vidas.

Los fiscales progresistas Chesa Boudin en San Francisco y George Gascón en Los Ángeles han evitado encarcelar a los traficantes callejeros, a lo que llaman un juego sin sentido que castiga a las minorías pobres.

Los legisladores de California temen repetir los errores de la era de la guerra contra las drogas y han bloqueado una serie de proyectos de ley que endurecerían las sanciones por la venta de fentanilo. Dicen que la legislación lograría poco además de llenar las cárceles y prisiones del estado.

“Podemos encarcelar a la gente por mil años, y no evitará que la gente consuma drogas, y no evitará que mueran”, dijo el senador estatal Scott Wiener (demócrata de San Francisco). “Lo sabemos por experiencia”.

Algunos padres están de acuerdo. Después de ver a su hijo entrar y salir del sistema de justicia penal por cargos menores de drogas en la década de 1990, Gretchen Burns Bergman se convenció de que acusar a las personas por delitos menores de drogas, como la posesión, era contraproducente.

En 1999, la productora de desfiles de moda de San Diego inició A New Path, que ha abogado por la legalización de la marihuana y el fin de la ley de los “tres strikes” de California. Una década más tarde, formó Moms United to End the War on Drugs, una coalición nacional. Hoy, sus dos hijos se han recuperado de la adicción a la heroína con la ayuda de un “apoyo compasivo” y trabajan como consejeros de drogas, dijo.

“He estado en esto el tiempo suficiente para ver el movimiento pendular”, dijo Burns Bergman sobre las opiniones cambiantes del público sobre la aplicación de la ley.

En diciembre, Brandon McDowell, de 22 años, de Riverside, fue arrestado y acusado de vender la tableta que mató a la hija de Matt Capelouto. McDowell fue acusado de distribuir fentanilo con resultado en muerte, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años en una prisión federal.

Aunque Alexandra’s Law no logró salir del comité, Capelouto señaló que años se dedicaron años de cabildeo hasta que se aprobaron leyes más estrictas sobre conducir en estado de ebriedad. Prometió no renunciar al proyecto de ley que lleva el nombre de su hija, que escribía poesía y amaba a David Bowie.

“Voy a estar de nuevo frente a ellos”, dijo, “Cada año”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The New MADD Movement: Parents Rise Up Against Drug Deaths

People who have lost children to pills laced with fentanyl are demanding that lawmakers adopt stricter penalties and are pressuring Silicon Valley for social media protections. The movement harks back to the 1980s, when Mothers Against Drunk Driving activated a generation of parents.

Life as he knew it ended for Matt Capelouto two days before Christmas in 2019, when he found his 20-year-old daughter, Alexandra, dead in her childhood bedroom in Temecula, California. Rage overtook grief when authorities ruled her death an accident.

The college sophomore, home for the holidays, had taken half a pill she bought from a dealer on Snapchat. It turned out to be fentanyl, the powerful synthetic opioid that helped drive drug overdose deaths in the U.S. to more than 100,000 last year. “She was poisoned, and nothing was going to happen to the person who did it,” he said. “I couldn’t stand for that.”

The self-described political moderate said the experience made him cynical about California’s reluctance to impose harsh sentences for drug offenses.

So Capelouto, the suburban dad who once devoted all his time to running his print shop and raising his four daughters, launched a group called Drug Induced Homicide and traveled from his home to Sacramento in April to lobby for legislation known as “Alexandra’s Law.” The bill would have made it easier for California prosecutors to convict the sellers of lethal drugs on homicide charges.

Capelouto’s organization is part of a nationwide movement of parents-turned-activists fighting the increasingly deadly drug crisis — and they are challenging California’s doctrine that drugs should be treated as a health problem rather than prosecuted by the criminal justice system. Modeled after Mothers Against Drunk Driving, which sparked a movement in the 1980s, organizations such as Victims of Illicit Drugs and the Alexander Neville Foundation seek to raise public awareness and influence drug policy. One group, Mothers Against Drug Deaths, pays homage to MADD by borrowing its acronym.

The groups press state lawmakers for stricter penalties for dealers and lobby technology companies to allow parents to monitor their kids’ communications on social media. They erect billboards blaming politicians for the drug crisis and stage “die-in” protests against open-air drug markets in Los Angeles’ Venice Beach and San Francisco’s Tenderloin neighborhood.

“This problem is going to be solved by the grassroots efforts of affected families,” said Ed Ternan, who runs the Pasadena-based group Song for Charlie, which focuses on educating youths about the dangers of counterfeit pills.

Many parents mobilized after a wave of deaths that began in 2019. Often, they involved high school or college students who thought they were taking OxyContin or Xanax purchased on social media but were actually ingesting pills containing fentanyl. The drug first hit the East Coast nearly a decade ago, largely through the heroin supply, but Mexican drug cartels have since introduced counterfeit pharmaceuticals laced with the highly addictive powder into California and Arizona to hook new customers.

In many cases, the overdose victims are straight-A students or star athletes from the suburbs, giving rise to an army of educated, engaged parents who are challenging the silence and stigma surrounding drug deaths.

Ternan knew almost nothing about fentanyl when his 22-year-old son, Charlie, died in his fraternity house bedroom at Santa Clara University a few weeks before he was scheduled to graduate in spring 2020. Relatives determined from messages on Charlie’s phone that he had intended to buy Percocet, a prescription painkiller he had taken after back surgery two years earlier. First responders said the strapping 6-foot-2-inch, 235-pound college senior died within a half-hour of swallowing the counterfeit pill.

Ternan discovered a string of similar deaths in other Silicon Valley communities. In 2021, 106 people died from fentanyl overdoses in Santa Clara County — up from 11 in 2018. The deaths have included a Stanford University sophomore and a 12-year-old girl in San Jose.

With the help of two executives at Google who lost sons to pills laced with fentanyl, Ternan persuaded Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and other social media platforms to donate ad space to warnings about counterfeit drugs. Pressure from parent groups has also spurred Santa Monica-based Snapchat to deploy tools to detect drug sales and restrictions designed to make it harder for dealers to target minors.

Since the earliest days of the opioid epidemic, the families of people dealing with addiction and of those who have died from overdoses have supported one another in church basements and on online platforms from Florida to Oregon. Now, the family-run organizations that have sprung from California’s fentanyl crisis have begun cooperating with one another.

A network of parent groups and other activists that calls itself the California Peace Coalition was formed recently by Michael Shellenberger, a Berkeley author and activist running for governor as an independent.

One critic of California’s progressive policies is Jacqui Berlinn, a legal processing clerk in the East Bay who started Mothers Against Drug Deaths — a name she chose as an homage to the achievements of Mothers Against Drunk Driving founder Candace Lightner, a Fair Oaks housewife whose 13-year-old daughter was killed in 1980 by a driver under the influence.

Berlinn’s son, Corey, 30, has used heroin and fentanyl for seven years on the streets of San Francisco. “My son isn’t trash,” Berlinn said. “He deserves to get his life back.”

She believes the city’s decision not to charge dealers has allowed open-air narcotics markets to flourish in certain neighborhoods and have enabled drug use, rather than encouraged people dealing with addiction to get help.

In April, Berlinn’s group spent $25,000 to erect a billboard in the upscale retail district of Union Square. Over a glowing night shot of the Golden Gate Bridge, the sign says: “Famous the world over for our brains, beauty and, now, dirt-cheap fentanyl.”

This month, the group installed a sign along Interstate 80 heading into Sacramento that targets Democratic Gov. Gavin Newsom. Playing off signage used at parks, the billboard features a “Welcome to Camp Fentanyl” greeting against a shot of a homeless encampment. The group said a mobile billboard will also circle the state Capitol for an undisclosed period.

New Billboards from Mothers Against Drug Deaths on I-80 in Sacramento. @StopDrugDeaths pic.twitter.com/3UdXh9BUq5

— Mothers Against Drug Deaths (@JacquiBerlinn) May 12, 2022

Mothers Against Drug Deaths is calling for more options and funding for drug treatment and more arrests of dealers. The latter would mark a sharp turn from the gospel of “harm reduction,” a public health approach embraced by state and local officials that holds abstention as unrealistic. Instead, this strategy calls for helping people dealing with addiction stay safe through things like needle exchanges and naloxone, an overdose reversal drug that has saved thousands of lives.

The parent movement echoes recall efforts happening in two major cities. Progressive prosecutors Chesa Boudin in San Francisco and George Gascón in Los Angeles have veered away from throwing street dealers in jail, which they call a pointless game of whack-a-mole that punishes poor minorities.

California lawmakers are wary of repeating the mistakes of the war-on-drugs era and have blocked a series of bills that would stiffen penalties for fentanyl sales. They say the legislation would accomplish little apart from packing the state’s jails and prisons.

“We can throw people in jail for a thousand years, and it won’t keep people from doing drugs, and it won’t keep them from dying,” said state Sen. Scott Wiener (D-San Francisco). “We know that from experience.”

Some parents agree. After watching her son cycle in and out of the criminal justice system on minor drug charges in the 1990s, Gretchen Burns Bergman became convinced that charging people with minor drug offenses, such as possession, is counterproductive.

In 1999, the San Diego fashion show producer started A New Path, which has advocated for marijuana legalization and an end to California’s “three strikes” law. A decade later, she formed Moms United to End the War on Drugs, a nationwide coalition. Today, both her sons have recovered from heroin addiction with the help of “compassionate support” and work as drug counselors, she said.

“I’ve been at this long enough to see the pendulum swing,” Burns Bergman said of the public’s shifting views on law enforcement.

In December, Brandon McDowell, 22, of Riverside, was arrested and accused of selling the tablet that killed Matt Capelouto’s daughter. McDowell was charged with distributing fentanyl resulting in death, which carries a mandatory minimum sentence of 20 years in federal prison.

Although Alexandra’s Law failed to make it out of committee, Capelouto pointed out that years of lobbying went into the passage of stricter drunken driving laws. He vowed not to give up on the bill named for his daughter, who wrote poetry and loved David Bowie.

“I’m going to be back in front of them,” he said, “every year.”

This story was produced by KHN, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

KHN’s ‘What the Health?’: Why Health Care Is So Expensive, Chapter $22K

Congress is making slow progress toward completing its ambitious social spending bill, although its Thanksgiving deadline looks optimistic. Meanwhile, a new survey finds the average cost of an employer-provided family plan has risen to more than $22,000. That’s about the cost of a new Toyota Corolla. Alice Miranda Ollstein of Politico, Anna Edney of Bloomberg News and Rebecca Adams of CQ Roll Call join KHN’s Julie Rovner to discuss these issues and more. Also this week, Rovner interviews Rebecca Love, a nurse academic and entrepreneur, about the impending crisis in nursing.

Can’t see the audio player? Click here to listen on Acast. You can also listen on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts or wherever you listen to podcasts.

Congress appears to be making progress on its huge social spending bill, but even if it passes the House as planned the week of Nov. 15, it’s unlikely it can get through the Senate before the Thanksgiving deadline that Democrats set for themselves.

Meanwhile, the cost of employer-provided health insurance continues to rise, even with so many people forgoing care during the pandemic. The annual KFF survey of employers reported that the average cost of a job-based family plan has risen to more than $22,000. To provide what their workers most need, however, this year many employers added additional coverage of mental health care and telehealth.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Alice Miranda Ollstein of Politico, Anna Edney of Bloomberg News and Rebecca Adams of CQ Roll Call.

Among the takeaways from this week’s episode:

  • Moderate Democrats who were worried about the price tag of the social spending bill said during negotiations last week that they wanted to see the full analysis of spending and costs from the Congressional Budget Office. But members of the House probably won’t get that score before voting on the bill. CBO instead is releasing its assessments piecemeal as analysts go through specific sections of the huge bill.
  • If the House passes the bill next week, which leadership is pledging, the legislation could still undergo major revisions in the Senate. Some provisions will be subject to the Byrd Rule, which says items in this type of bill must be related to the budget. Republicans are expected to challenge parts of the bill, and the parliamentarian will have to rule on whether their objections are valid.
  • Among the provisions that some moderate Democratic senators might object to are the paid family leave and the mechanism for lowering Medicare drug prices.
  • Congress is looking at a very busy end of the year, which could complicate passage of the social spending bill. Leaders already postponed a bill to raise the debt ceiling and the annual federal spending bills until early December.
  • A federal judge has blocked Texas Republican Gov. Greg Abbott’s order prohibiting mask mandates in schools. But a final resolution is likely some time away as the case is appealed. Disability rights groups, which had sued to stop the governor’s order, argued that the ban was keeping children with health problems who are at high risk from covid from coming to school.
  • Despite opposition from conservative leaders to vaccine mandates, the vast majority of workers have had their shots, either because they wanted them or their employer mandated it. Lawsuits brought against those workplace requirements may not signal a broad opposition among the population.
  • In its survey of employers’ health plans, KFF found that premiums are still increasing faster than wages as health costs continue to rise. Leaders of both political parties say they would like to reduce the cost of care, but no magic pill appears likely. Instead, lawmakers generally are more inclined to have the government pick up a bigger portion of the country’s health care costs when not finding a way to cut that spending.
  • One key challenge in addressing rising health care spending in Congress is the power of the health care industry. With the close political party margins on Capitol Hill, it is fairly easy for the industries to use their contributions to pick off a couple of members and keep major reform from passing.
  • The KFF survey also documented the wide expansion of telehealth coverage during the pandemic. Although employers and the government have been concerned that telehealth adds to spending because it duplicates services or allows doctors to charge for services they once performed over the phone without billing, it will be hard to put this genie back in the bottle. Consumers like the convenience. And some services, such as mental health therapy or medical consultations for rural residents, are much easier.

Also this week, Rovner interviews Rebecca Love, a nurse, academic and entrepreneur who has thought a lot about the future of the nursing profession and where it fits into the U.S. health care system

Plus, for extra credit, the panelists recommend their favorite health policy stories of the week they think you should read, too:

Julie Rovner: Washington Monthly’s “The Doctor Will Not See You Now,” by Merrill Goozner.

Alice Miranda Ollstein: NPR’s “Despite Calls to Improve, Air Travel Is Still a Nightmare for Many With Disabilities,” by Joseph Shapiro and Allison Mollenkamp.

Rebecca Adams: KHN’s “Patients Went Into the Hospital for Care. After Testing Positive There for Covid, Some Never Came Out,” by Christina Jewett.

Anna Edney: Bloomberg News’ “All Those 23andMe Spit Tests Were Part of a Bigger Plan,” by Kristen V Brown.

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Casts or wherever you listen to podcasts.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Must-Reads Of The Week From Brianna Labuskes

Newsletter editor Brianna Labuskes wades through hundreds of health care policy stories each week, so you don’t have to.

Happy Friday! Where yours truly has parsed approximately 4,346,276,986 coronavirus stories to bring you the most important ones — such as the fact that 38% of Americans won’t buy Corona beer “under any circumstances” because of the outbreak; that apparently dog masks are now all the rage, despite the fact that health professionals say even healthy humans don’t need them; and that if you need of a cheat sheet on what facial hairstyles are officially called you can head over to the CDC for a nifty graphic. (The “walrus” might be my favorite.)

More seriously, here’s what you need to know about the outbreak dominating global attention, sending stocks plunging and creating a booming demand for hand sanitizer. I can tell you one common thread running through coverage about experts’ advice: Keep calm, carry on and wash your hands.

President Donald Trump cracked jokes about his germophobia and downplayed the severity of the coronavirus outbreak at a press conference this week, in which he put Vice President Mike Pence in charge of the country’s coronavirus response. This raised immediate eyebrows, considering that under Pence’s watch Indiana weathered a major HIV outbreak largely attributed to decisions he made as governor.

By contrast, you have the CDC’s Dr. Nancy Messonnier, who has become a leading player in the crisis, saying it’s not a question of if but when the coronavirus will sweep into the U.S. She also said that she’s been talking with her kids about how to prepare and that “the disruption to everyday life might be severe.”

Not surprisingly, after all that whiplash, the administration decided all information released to the public must first get the OK from Pence.

Politico: Coronavirus Gets a Trumpian Response

The New York Times: Pence Will Control All Coronavirus Messaging From Health Officials

The New York Times: What Has Mike Pence Done in Health?

The New York Times: C.D.C. Officials Warn of Coronavirus Outbreaks in the U.S.

Meanwhile, a new case out of California put a harsh spotlight on the deep flaws of the CDC’s original testing parameters. The patient — who may be the first in the U.S. with no link to traveling abroad — was in the hospital for more than 10 days before the CDC approved a coronavirus test. The delay exposed about 100 health workers to the virus as well as set back any attempts to contain people she’d been in contact with.

Stat: A Single Coronavirus Case Exposes a Bigger Problem: The Scope of Undetected U.S. Spread Is Unknown

ProPublica: Key Missteps at the CDC Have Set Back Its Ability to Detect the Potential Spread of Coronavirus

If a whistleblower is to be believed, those testing missteps weren’t the only ones made by the government in the early days of the response: New allegations have come to light that HHS workers who were sent to help with the U.S. evacuees weren’t given proper medical training or gear before being exposed to the patients.

The Washington Post: U.S. Workers Without Protective Gear Assisted Coronavirus Evacuees, HHS Whistleblower Says

Meanwhile, for a president who has tied his fate to the health of the stock markets, the global financial turmoil is more worrisome than ever.

Politico: Trump Faces ‘Black Swan’ Threat to the Economy and Reelection

One of the few good things about the coronavirus is that the vast majority of cases are mild. However, that’s also one of the things that might tip it into a pandemic. For more extreme illnesses (like Ebola), it’s far easier to isolate patients. But for those with symptoms that are essentially presenting as a mild cold, it’s harder to contain the spread.

On that note, it’s hard to tell just how lethal the disease is (and anyone who tells you otherwise, question their motives). Because so many cases are mild, some experts say we’re seeing only the tip of the iceberg, and the mortality rate would drop if we had a better sense of how many people are actually infected. Others argue that there’s no evidence that officials don’t have an accurate count.

Right now, from what’s available, it seems the death rate outside the epicenter in China was 0.7%. That’s still soberingly high, but also a long way away from SARS’ 10%.

The New York Times: Most Coronavirus Cases Are Mild. That’s Good and Bad News.

Stat: New China Coronavirus Data Buttress Fears About High Fatality Rate

As someone who has little kiddos in their life (and who affectionately calls them Typhoid Marys), I can’t help but include this story. Are kids innocent bystanders in this outbreak, getting infected if someone brings the virus into their households? Or are they, in fact, a population that is stealthily driving this epidemic, as they can do with the flu?

Stat: Key Question for Coronavirus Response: What’s Kids’ Role in Spreading It?

Globally, cases are climbing, with patients showing up in Lithuania, the Netherlands, Iran, Kuwait, the United Kingdom … you get the gist. Although we’re not really seeing it yet in Latin or South American countries beyond a Brazilian patient who had traveled to Italy, where cases skyrocketed 45% in one day.

In China, officials are tapping their tried-and-true propaganda playbook, but the anger that has boiled up over the government’s handling of the outbreak may be cracking the party’s stronghold. Meanwhile, authorities, in an ongoing attempt to contain the spread, are offering people more than $1,400 to self-report if they have coronavirus symptoms.

The New York Times: Coronavirus Weakens China’s Powerful Propaganda Machine

Reuters: China City Offers $1,400 Reward for Virus Patients Who Report to Authorities

And South Korea gets a shoutout for implementing a very cool idea to create “drive-thru” testing for potential patients.

Reuters: South Korea Launches ‘Drive-Thru’ Coronavirus Testing Facilities As Demand Soars

Remember, there are plenty more stories were those came from. If you’re interested in the full scope of coronavirus coverage, check out all our Morning Briefings from the week.


Believe it or not, there was other news this week! Democrats held a rowdy debate in South Carolina ahead of Super Tuesday, where Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) fielded the inevitable attacks that come with being a front-runner. He was put on the hot spot about topics ranging from the cost of his “Medicare for All” plan to his past stance on guns.

Reuters: At Rowdy Debate, Democratic Rivals Warn Sanders Nomination Would Be ‘Catastrophe’

The New York Times: Fact-Checking the Democratic Debate in South Carolina

Sanders (after releasing a plan on how he was going to pay for his ambitious agenda) said that “‘Medicare for All’ will lower health care costs in this country by $450 billion a year and save the lives of 68,000 people who would otherwise have died.” But experts are skeptical of the findings.

KHN: Sanders Embraces New Study That Lowers ‘Medicare For All’s’ Cost, But Skepticism Abounds


A federal appeals court upheld a Trump administration ban on federally funded family planning centers referring women for abortions, arguing that the rule is slightly less restrictive than a 1988 version upheld by the Supreme Court. What’s interesting to note is that the court was the California-based U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit. Trump has now named 10 judges to the 9th Circuit — more than one-third of its active judges — compared with seven appointed by President Barack Obama over eight years.

The Washington Post: Appeals Court Upholds Trump Ban on Abortion Referrals by Family Planning Clinics

Los Angeles Times: Trump Has Flipped the 9th Circuit — and Some New Judges Are Causing a ‘Shock Wave’

WBUR: Looking at Changes Happening Within the Nation’s Largest Federal Appeals Court

Beyond fighting for survival in the courts, abortion clinics are often faced with so many fees and unexpected costs that they can face closure from their financial burdens alone. Among those are: security to protect staff and patients; airfare to get doctors to areas lacking trained physicians willing to perform abortions; higher rates for contractors concerned about protesters and boycotts; more stringent loan terms; insurance that can be canceled unexpectedly; and, for some clinic owners, legal fees for defending the constitutionality of the procedure.

Bloomberg: Abortion Clinics Are the Most Challenging Small Business in America


Vocal opposition continues to pour in about the arcane Medicaid rule change that could reduce Medicaid spending by 6% to 8%, or $37 billion to $49 billion, a year. The Trump administration says the change would increase transparency and prevent abuses that enable states to draw down more federal money than they’re entitled to. But, so far, more than 4,200 organizations or individuals from both parties are sounding alarm bells about it.

Stateline: Medical Groups Slam Trump Medicaid Rule


In the miscellaneous file for the week:

— The Sacklers, under fire over allegations about their role in the opioid crisis, turned to Mike Bloomberg to help them manage their reputation. Will that haunt him in his presidential bid?

ProPublica: When the Billionaire Family Behind the Opioid Crisis Needed PR Help, They Turned to Mike Bloomberg

— Are some people immune to Alzheimer’s? Scientists studying donated brains have identified patients who have all the markers for the debilitating disease but didn’t seem to have any symptoms when alive. The findings offer hope that the seemingly inherent protection could be replicated by a drug.

Stat: They Have ‘Alzheimer’s Brains’ But No Symptoms. Why?

— America is facing an autopsy crisis: Large swaths of the country don’t have a medical examiner. Bodies are even having to be shipped across state lines if an autopsy is needed. At one point the problem was so bad that Oklahoma’s overloaded medical examiner declined to perform autopsies on people over 40 who died of unexplained causes.

The New York Times: Piled Bodies, Overflowing Morgues: Inside America’s Autopsy Crisis

— Colorado is continuing to move forward with plans for its public option, this week unveiling reimbursement rates that officials say would keep hospitals profitable under the system. Hospitals were … uh … a little skeptical of those claims.

The Denver Post: Colorado Consumers Could Save Up to 20% Under State Health Insurance Option, Polis Says

— In this terrifying story, a student died after calling 911 because the responders couldn’t locate him.

The Washington Post: College Student Yeming Shen Died of Flu in Troy, N.Y., After 911 Couldn’t Track His Location.


That’s it from me! Have a great weekend.