Los mentores trabajan, sin límites, en la recuperación de adicciones

Los especialistas en apoyo a pares están ellos mismos en recuperación y se los contrata para ayudar a otros. Pueden vincularse con los pacientes de una manera distinta que los profesionales de salud.

CENTENNIAL, Colorado.— Sarah Wright visita a su mentora varias veces al día, en la habitación de hotel transformada en oficina en este suburbio de Denver.

Pero su visita de un miércoles por la mañana a mediados de octubre fue una de las primeras con dientes.

La especialista en ayuda a pares, Donna Norton, había impulsado a Wright a ir al dentista años después de que la falta de vivienda y la adicción afectaran su salud, literalmente hasta la mandíbula.

Wright todavía se estaba acostumbrando a su dentadura postiza. “No he tenido dientes en 12, 13 años”, dijo, y agregó que la hacían sentir como un caballo.

Una nueva sonrisa fue el hito más reciente de Wright mientras trabaja para reconstruir su vida, y Norton ha estado allí en cada paso: al abrir una cuenta bancaria, conseguir un trabajo, desarrollar un sentido de autoestima.

La voz de Wright comenzó a temblar cuando habló sobre el papel de Norton en su vida durante los últimos meses. Norton envolvió a Wright en sus brazos, adornados con tatuajes de llamas, telarañas y un zombi Johnny Cash.

“Oh, muffin”, le dijo. “Estoy tan orgullosa de ti”.

Norton, de 54 años, es una abuela que maneja una Harley, ama a los bulldogs, lleva ocho años sobria y, profesionalmente, “es una persona que anima a los que se ven mal en papel”.

La gente la quiere. “Si me buscaras en un papel, no estarías en esta habitación conmigo”, dijo Norton. “No me dejarías acercarme a tu casa”.

Si fuera terapeuta o trabajadora social, abrazar y compartir sus experiencias con las drogas y la ley podría considerarse cruzar la línea de los límites profesionales. Pero como especialista en apoyo de pares, a menudo eso es parte del trabajo.

“No tengo límites”, dijo Norton. “A la m…”, dijo, “aquí es un término cariñoso”.

Norton trabaja para la Fundación Hornbuckle, que brinda apoyo entre pares a los participantes en la SAFER Opportunities Initiative, que ofrece refugio a corto plazo en el hotel para personas del condado de Arapahoe que no tienen hogar y tienen trastornos de salud mental o adicciones.

Los especialistas en apoyo a pares están ellos mismos en recuperación y se los contrata para ayudar a otros. A medida que se distribuyen miles de millones de dólares en fondos para acuerdos por opioides a los estados y localidades, los líderes locales deciden qué hacer con el dinero.

Entre las opciones están apoyar y capacitar a estos especialistas, cuyos requisitos de certificación varían según el estado.

Los estados, condados, municipios y naciones indígenas presentaron miles de demandas contra las compañías farmacéuticas y los mayoristas acusados ​​de alimentar la crisis de los opioides. Muchos de esos casos se convirtieron en grandes demandas colectivas.

Este año, cuatro empresas llegaron a un acuerdo extrajudicial y acordaron pagar $26,000 millones durante 18 años. Los estados participantes deben seguir las pautas sobre cómo se puede gastar el dinero.

En Colorado, cientos de millones de dólares de ese acuerdo (y algunos otros) se destinarán a gobiernos locales y grupos regionales, varios de los cuales presentaron planes para utilizar parte del dinero en servicios de apoyo a pares.

David Eddie, psicólogo clínico y científico investigador del Recovery Research Institute del Hospital General de Massachusetts, dijo que los servicios de apoyo de recuperación entre pares han “ganado mucha fuerza en los últimos años”.

De acuerdo con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, la “evidencia creciente” muestra que trabajar con un par especialista puede generar mejores resultados de recuperación, desde una mayor estabilidad en la vivienda hasta tasas más bajas de recaídas y hospitalizaciones.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. identificó los servicios de apoyo entre pares como una práctica prometedora en el tratamiento de adultos con adicciones. En muchos estados, estos especialistas reciben un reembolso a través de Medicaid.

“Pueden llenar un vacío realmente importante”, dijo Eddie. “Pueden hacer cosas que nosotros, como médicos, no podemos hacer”.

Pueden, por ejemplo, ayudar a navegar la burocracia del sistema de servicios de protección infantil, sobre el cual los médicos pueden tener poco conocimiento, o invitar a alguien a tomar un café para construir una relación. Si una persona deja de asistir a la terapia, dijo Eddie, un especialista en apoyo de pares “puede ir físicamente a buscar a alguien y traerlo de vuelta al tratamiento, ayudarlo a volver a participar, reducir su vergüenza, eliminar el estigma de la adicción”.

Norton, por ejemplo, recogió a un cliente que la llamó desde un callejón después de ser dado de alta de un hospital por una sobredosis.

“Algunas personas te dirán: ‘Decidí que me iba a recuperar y nunca más iba a beber, drogarme o consumir’. Esa no es mi experiencia. Me tomó 20 años lograr mi primer año limpia y sobria. Y significó intentarlo todos los días”, dijo Norton desde su oficina. En una canasta debajo de su escritorio tiene tres kits de reversión de sobredosis de opioides surtidos con Narcan.

Su oficina, tibia por la luz del sol que entra por una ventana orientada al sur y la rotación casi constante de personas que se dejan caer en el sofá, tiene un estante con artículos esenciales. Hay tampones, para quien los necesite —Norton “nunca olvidará” la vez que recibió una multa por robar tampones en una tienda de comestibles mientras no tenía hogar— y kits de análisis de orina, para determinar si alguien está drogado o experimentando psicosis.

Norton enseña a “parar, tirarse al piso y rodar” como un mecanismo de afrontamiento cuando las personas se sienten perdidas y piensan en volver a consumir. “Si estás en crisis, ¿qué haces?”, dijo Norton. “Te detienes de inmediato, te recuestas en el suelo, ruedas y sales. Así que digo ‘Vete a la cama. Solo ve a dormir’. La gente dice: ‘Esa no es una herramienta de bienestar’”.

“Lo es”, intervino Audrey Salazar. Una vez, cuando Salazar estaba a punto de recaer, se quedó con Norton un fin de semana. “Literalmente me dormí”, dijo Salazar. Las dos descansaron y comieron Cocoa Puffs y Cheez-Its de la caja.

“Fue tan malo”, dijo Norton sobre el atracón de comida chatarra. Pero el fin de semana volvió a encarrilar a Salazar. Trabajar con un especialista en apoyo de pares que ha “recorrido el mismo camino”, dijo Salazar, “te vuelve responsable de una manera muy amorosa”.

Ese día de octubre, Norton pasó de regañar a una persona para que hiciera una cita con el médico, a conseguir que otra persona creara una despensa de alimentos, a descubrir cómo responder al banco que le dijo a un tercer cliente que no se podía abrir una cuenta sin una dirección residencial. También trabajó en bajar las defensas de un recién llegado, un hombre elegantemente vestido que parecía escéptico del programa.

Algunas personas llegan a Norton después de haber sido liberadas de la cárcel del condado, otras por el boca en boca. Y Norton ha reclutado gente en los parques y en la calle. El recién llegado aplicó después de enterarse del programa en un refugio para personas sin hogar.

Norton decidió que compartir un poco sobre ella misma era el camino a seguir con él.

“‘Mi experiencia son las cárceles, los hospitales y las instituciones. Tengo un número antiguo, es decir, un número de convicto. ‘Y tengo ocho años sin drogas’”, recordó haberle dicho. “‘Mi oficina está al final del pasillo. Hagamos algunos trámites. Hagámoslo'”.

Norton es uno de los siete pares en el personal de la Fundación Hornbuckle, que estima que cuesta alrededor de $24,000 por mes para brindar servicios de pares a este grupo de residentes, y los especialistas que trabajan a tiempo completo ganan alrededor de $3,000 por mes más $25 por hora por cliente.

La oficina de Norton es el centro de actividad de un piso en un hotel donde viven unas 25 personas que participan en la Iniciativa SAFER mientras se recuperan de los trastornos adicciones hasta que se “gradúan” en otro hotel, ubicado al lado. A partir de ahí, se mudarán a su propia vivienda, que los empleados a menudo les ayudan a encontrar.

Mientras están en el programa, los residentes se reúnen al menos una vez a la semana con un administrador de casos, un terapeuta y un especialista en apoyo de pares, además de asistir a reuniones grupales, que se llevan a cabo todos los días excepto los domingos y están dirigidas por compañeros.

Kyle Brewer, con sede en Arkansas, es el administrador del programa de especialistas en pares de NAADAC, la Asociación de Profesionales en Adicción (anteriormente, la Asociación Nacional de Consejeros sobre Alcoholismo y Abuso de Drogas). Brewer, quien dijo que su vida se descarriló después de que comenzó a usar opioides recetados para controlar el dolor de la extracción de una muela de juicio, dijo que los fondos de acuerdos por opioides presentan una oportunidad para apoyar a las personas que trabajan con las personas necesitadas.

“Cuando estamos trabajando y hablando y resolviendo problemas de diferentes enfoques para resolver la crisis de los opioides, deberíamos tener a las personas que se han visto directamente afectadas por esos problemas en la sala, guiando esas conversaciones”, dijo.

Hacia el final del día, Norton volvió a encontrarse con el muchacho nuevo en el pasillo, esta vez cuando regresaba de la máquina de hielo.

“Ocho años limpio. Me quito el sombrero ante ti”, dijo.

“Empecé con un día”, dijo Norton.

“Bueno, comenzaré con una hora”, dijo el muchacho.

Dijo que necesitaba limpiar su auto, donde había estado viviendo. Dijo que tiene problemas para ponerse los jeans por la mañana después de perder un pulgar por haber estado expuesto a temperaturas congelantes. Quería encontrar un trabajo de medio tiempo. Tiene que resolver un trauma con terapia. Su madre murió hace aproximadamente un año y medio.

“El viernes por la noche, iremos al cine”, dijo Norton.

“Oh, genial”, dijo. “Quiero ver la nueva de Top Gun”.

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Fentanilo en la escuela secundaria: una comunidad de Texas se enfrenta al mortal opioide

Desde julio, cuatro estudiantes del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays, al sur de Austin, han muerto por sobredosis de fentanilo.

KYLE, Texas – Los pasillos de la escuela secundaria Lehman lucían como cualquier otro en un día reciente de otoño. Sus 2,100 estudiantes hablaban y reían mientras se apresuraban a ir a sus clases en medio de paredes cubiertas de afiches que anunciaban eventos del baile de bienvenida, clubes y partidos de fútbol americano. Sin embargo, junto a esos afiches había algunos con un sombrío mensaje que advertía a los estudiantes de que el fentanilo es extremadamente mortal.

Esos carteles no estaban allí el año pasado.

Justo antes de que comenzara el año escolar, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays, que incluye a Lehman, anunció que dos estudiantes habían muerto después de tomar pastillas con fentanilo. Fueron las primeras muertes de estudiantes relacionadas con el opioide sintético en este distrito escolar del centro de Texas, que tiene campus de secundaria en Kyle y Buda, una ciudad cercana.

En el primer mes de clases, se confirmaron otras dos muertes.

La reacción de las autoridades escolares, empleados, estudiantes y padres ha sido intensa, una mezcla de angustia y terror con ira y ganas de actuar. La comunidad, al parecer, está dispuesta a contraatacar. El sistema escolar ha dado prioridad a su actual campaña educativa contra las drogas. Los estudiantes hacen frente a sus conductas de riesgo y a la presión de sus compañeros. Y los padres intentan iniciar conversaciones difíciles sobre las drogas con sus hijos.

Están “cogiendo el toro por los cuernos”, dijo Tim Savoy, jefe de comunicaciones del distrito escolar.

Pero también hay dudas sobre si esos esfuerzos serán suficientes.

El problema de sobredosis que afronta el distrito, que está justo al sur de Austin y a una hora al noreste de San Antonio, imita una tendencia nacional.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2021 murieron más de 107,000 personas por sobredosis, todo un récord. La mayoría de esas muertes —7,238 de ellas— estuvo relacionada con el fentanilo y otros opioides sintéticos. La Administración para el Control de Drogas ha advertido que el fentanilo se encuentra cada vez más en “píldoras de recetas falsas” que son “fácilmente accesibles y a menudo se venden en las redes sociales y plataformas de comercio electrónico”.

El jefe de policía de Kyle, Jeff Barnett, dijo que eso es un problema que afronta en su comunidad. “Probablemente podrías encontrar una píldora con fentanilo en cinco minutos en las redes sociales y probablemente organizar un encuentro en una hora” con un traficante, dijo Barnett.

La amenaza del fentanilo ha hecho que los estudiantes de secundaria sean más propensos a conseguir las píldoras letales. Pueden creer que están consumiendo drogas para fiestas que, aunque son ilegales, no son -por sí solas- tan mortales como el fentanilo.

Los chicos “no están comprando fentanilo intencionadamente”, indicó Jennifer Sharpe Potter, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento en UT Health San Antonio, en un testimonio durante una audiencia celebrada en septiembre ante la Cámara de Representantes de Texas. No saben qué hay en las pastillas que compran, añadió, y describió el problema como la “tercera ola de la crisis de sobredosis”.

Kevin McConville, de 17 años, un estudiante de Lehman que murió en agosto, parece ser una de las víctimas de esta ola. En un vídeo producido por el distrito, los padres de Kevin explican con una inmensa tristeza en sus ojos que, tras la muerte de su hijo, se enteraron por sus amigos de que tenía dificultades para dormir. Tras tomar pastillas que creía que eran Percocet y Xanax, no se despertó.

Historias como esta han llevado al distrito escolar a emitir la siguiente advertencia en su página web: “El fentanilo está aquí. Tenemos que hablar del fentanilo. Y el fentanilo es mortal”. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, según la DEA, y dos miligramos son potencialmente letales.

El distrito ha puesto en marcha la campaña “Lucha contra el fentanilo”, que cuenta con la colaboración de la policía municipal y de los servicios médicos de urgencia. Hay un “HopeLine” al que los alumnos pueden enviar anónimamente información sobre compañeros que puedan estar consumiendo drogas ilícitas. A partir de sexto grado, los alumnos deben ver un vídeo de 13 minutos en el que se recalca lo peligroso y mortal que es el fentanilo y se explica cómo identificar si un compañero puede tener una sobredosis.

“Estamos reclutando a los estudiantes para que nos ayuden a ser los ojos y los oídos si están en una fiesta o en casa de un amigo”, dijo Savoy.

El sistema escolar también espera concienciar a los estudiantes de los riesgos que afrontan. No se puede confiar en ninguna píldora, sea cual sea, que no proceda de una farmacia: “Es como jugar a la ruleta rusa”, dijo Savoy.

El mensaje parece que está llegando. Sara Hutson, alumna del último año del instituto Lehman, dice que compartir pastillas que se venden sin receta, como Tylenol y Motrin, solía ser habitual, pero ya no lo considera seguro. Ya no confía.

Pero otros estudiantes no son tan precavidos. Lisa Peralta compartió en un post de Facebook en septiembre que su hija, que está en séptimo grado, admitió haber comido una “gomita para la ansiedad” que le dio su amiga. “Tengo miedo porque mi hija se deja llevar por sus amigos”, escribió la residente de Kyle. “No confío en que no lo vuelva a hacer si se siente presionada”.

Por muy claros que sean los mensajes del distrito y de los padres, a Savoy le preocupa que nunca sean suficientes porque los estudiantes son muy aventureros. “Es simplemente la mentalidad adolescente”, dijo. “Piensan: ‘Somos invencibles; a mí no me va a pasar’. Pero está pasando en nuestra comunidad”.

Aun así, los sentimientos de descontento y dolor son a veces palpables. Los estudiantes se pelean más en la escuela, dijo Jacob Valdez, un estudiante de décimo grado de Lehman que conocía a dos de los estudiantes que murieron. Eso puede estar pasando, añadió, porque “todo el mundo está angustiado”.

La tensión no se limita a los estudiantes de intermedia y secundaria. También se ha vuelto muy real para los padres de los niños de primaria, desde que la DEA advirtió al público en agosto sobre las píldoras con fentanilo que parecen caramelos de colores brillantes. El distrito escolar de Hays también está colgando carteles de advertencia dirigidos a los estudiantes más jóvenes.

Jillien Brown, de Kyle, dijo que está preocupada por sus hijas, Vivian, de 5 años, y Scarlett, de 7. “Les hemos dicho que están ocurriendo cosas aterradoras, que la gente se está poniendo muy enferma y está muriendo por tomar lo que creen que son caramelos o medicamentos”, indicó Brown. “Utilizamos la palabra ‘veneno’, como cuando Blancanieves mordió la manzana”.

Pero la conversación debe ser continua, dijo Brown, porque al día siguiente de hablar con sus hijas, “un niño pequeño en el autobús les dio un caramelo y se lo comieron”.

Del mismo modo, April Munson, residente en Kyle y antigua profesora de primaria, considera que todo es “desgarrador”. Le mostró a su hijo de 9 años, Ethan, fotos de las píldoras multicolores de “fentanilo arco iris”. “Es una conversación difícil de tener, pero las conversaciones difíciles son a menudo las más importantes”, dijo. “Y, realmente, no puedes permitirte dejar de hablar del tema”.

Y mientras los padres y los funcionarios escolares intentan evitar que el fentanilo vuelva a castigar, llega otro golpe de realidad.

El año pasado, el distrito escolar comenzó a almacenar en cada escuela un suministro de naloxona, el fármaco para revertir sobredosis, también conocido como Narcan. En lo que va de semestre, a pesar de todo lo que ha pasado, lo han tenido que utilizar para salvar a otros cuatro estudiantes, dijo Savoy. En un caso, los socorristas tuvieron que usar tres dosis para reanimar a un estudiante: el fentanilo “era así de fuerte”, agregó.

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Médicos se apresuran a usar fallo de la Corte Suprema para liberarse de cargos por opioides

En una decisión de junio, el tribunal dijo que los fiscales no solo deben probar que una receta no estaba médicamente justificada sino también que el que la escribió sabía del riesgo de recetar opioides.

El doctor Nelson Onaro admitió el verano pasado que había escrito recetas ilegales, aunque dijo que solo pensaba en sus pacientes. Desde una pequeña clínica en Oklahoma, repartió cientos de pastillas de opioides y docenas de parches de fentanilo sin un propósito médico legítimo.

“Esos medicamentos fueron recetados para ayudar a mis pacientes, desde mi propio punto de vista”, dijo Onaro en la corte, mientras, a regañadientes, se declaraba culpable de seis cargos de tráfico de drogas. Al confesar, podría haber recibido una sentencia reducida de tres años o menos en prisión.

Pero Onaro cambió de opinión en julio. En los días previos a su sentencia, le pidió a un juez federal que desestimara su acuerdo de culpabilidad, enviando su caso a juicio. Para tener la oportunidad de ser exonerado, enfrentaría cuatro veces más cargos y la posibilidad de una sentencia más severa.

¿Por qué correr el riesgo? Un fallo de la Corte Suprema ha elevado el umbral para condenar en casos como el de Onaro. En una decisión de junio, el tribunal dijo que los fiscales no solo deben probar que una receta no estaba médicamente justificada sino también que el que la escribió sabía del riesgo.

De repente, el estado mental de Onaro tiene más peso en la corte. Los fiscales no se han opuesto a que el médico retire su declaración de culpabilidad de la mayoría de los cargos, admitiendo en una presentación judicial que enfrenta “un cálculo legal diferente” después de la decisión de la Corte Suprema.

El fallo unánime de la Corte complica los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para responsabilizar penalmente a los que recetan de manera irresponsable por alimentar la crisis de opioides.

Antes, los tribunales inferiores no habían considerado la intención del que recetaba. Hasta ahora, los médicos enjuiciados en gran medida no podían defenderse argumentando que estaban actuando de buena fe cuando emitían recetas incorrectas. Ahora pueden, aunque no es necesariamente una garantía para salir de la cárcel, dicen los abogados.

“Esencialmente, a los médicos se los esposaba”, dijo Zach Enlow, abogado de Onaro. “Ahora pueden quitarse las esposas. Pero eso no significa que van a ganar la pelea”.

La decisión de la Corte Suprema en Ruan vs. Estados Unidos, emitida el 27 de junio, fue eclipsada por la controversia nacional tres días antes, cuando el tribunal anuló los derechos federales del aborto.

Pero el fallo, menos conocido ahora, se está filtrando en silencio a través de los tribunales federales, fortaleciendo a los acusados ​​en los casos de abuso de recetas y puede tener un efecto escalofriante en futuros juicios a médicos bajo el Controlled Substance Act.

En los tres meses desde que se emitió, la decisión de Ruan se ha invocado en al menos 15 juicios en curso en 10 estados, según una revisión de KHN de los registros de la corte federal.

Los médicos citaron la decisión en las apelaciones posteriores a la condena, las mociones para absoluciones, nuevos juicios, reversiones de culpabilidad y un intento fallido de excluir el testimonio de un experto en prescripciones, argumentando que su opinión ahora era irrelevante. Otros acusados ​​han solicitado con éxito retrasar sus casos para que la decisión de Ruan pueda verse utilizarse en sus argumentos en los próximos juicios o audiencias de sentencia.

David Rivera, ex fiscal estadounidense de la era Obama, quien lideró juicios sobre abuso de prescripciones en Tennessee, dijo que cree que los médicos tienen una “gran oportunidad” de anular las condenas si se les prohibió discutir una defensa de buena fe o se instruyó a un jurado que ignorara este argumento.

Rivera dijo que los acusados ​​que movilizaban cientos de miles de pastillas aún serían condenados, incluso si finalmente se requiriera un segundo juicio. Pero la Corte Suprema ha extendido un “salvavidas” a un grupo pequeño de acusados ​​que “dispensaron con su corazón, no con su mente”, dijo.

“Lo que la Corte Suprema está tratando de hacer es dividir entre un médico malo y una persona que podría tener una licencia para practicar la medicina pero que no actúa como médico y es un traficante de drogas”, dijo Rivera. “Un médico que actúa bajo una creencia sinceramente sostenida de que está haciendo lo correcto, incluso si puede ser horrible en su trabajo y no se le deben confiar vidas, incluso eso no es criminal”.

La decisión de Ruan fue el resultado de las apelaciones de dos médicos, Xiulu Ruan y Shakeel Kahn, quienes fueron condenados por separado por recetar píldoras en Alabama y Wyoming, respectivamente, y sentenciados a 21 y 25 años de prisión. En ambos casos, los fiscales se basaron en una táctica común para mostrar que las recetas eran un delito: los testigos expertos revisaron las recetas de los acusados ​​y testificaron que estaban fuera de lugar con lo que un médico razonable haría.

Pero al escribir la opinión de la Corte Suprema, el entonces juez Stephen Breyer insistió en que la carga de la prueba no debería ser tan simple de superar, devolviendo ambas condenas a los tribunales inferiores para su reconsideración.

Debido a que a los médicos se les permite, y se espera, que distribuyan drogas, escribió Breyer, los fiscales no solo deben demostrar que escribieron recetas sin propósito médico, sino que también lo hicieron “a sabiendas o intencionalmente”. De lo contrario, los tribunales corren el riesgo de castigar “conductas que se encuentran cerca, pero en el lado permitido de la línea criminal”, escribió Breyer.

Para los abogados defensores, el fallo unánime envió un mensaje inequívoco.

“Este es un tiempo hiperpolarizado en Estados Unidos, y particularmente en la corte”, dijo Enlow. “Sin embargo, este fue un fallo de 9-0 que decía que el mens rea, o el estado mental del médico, es importante”.

Tal vez en ninguna parte la decisión de Ruan fue más apremiante que en el caso del doctor David Jankowski, un médico de Michigan que estaba en juicio.

Jankowski fue condenado por crímenes federales de drogas y fraude y enfrenta 20 años de prisión. En un anuncio del veredicto, el Departamento de Justicia dijo que el médico y su clínica suministraron a las personas “sin necesidad de drogas”, que se “vendían en las calles para alimentar las adicciones de los adictos a los opioides”.

La abogada defensora Anjali Prasad dijo que el fallo de Ruan llegٕó antes de las deliberaciones del jurado en el caso, pero después de que los fiscales pasaran semanas presentando el argumento de que el comportamiento de Jankowski no fue el de alguien que prescribe de manera razonable, un estándar legal que ya no es suficiente para convencer.

Prasad citó la decisión de Ruan en una moción para un nuevo juicio, que fue denegada, y dijo que tiene la intención de utilizar la decisión como base para una próxima apelación. La abogada también dijo que está discutiendo con otros dos clientes sobre apelar sus condenas en base a Ruan.

“Espero que los abogados de defensa penal como yo estén más fortalecidos para llevar sus casos a juicio y que sus clientes estén 100% listos para luchar contra los federales, lo cual no es una tarea fácil”, dijo Prasad.

Algunos acusados ​​lo están intentando. Hasta ahora, algunos han obtenido pequeñas victorias. Y al menos uno sufrió una derrota aplastante.

En Tennessee, la enfermera practicante Jeffrey Young, acusada de intercambiar opioides por sexo y notoriedad para ser parte de un piloto de un reality show, retrasó con éxito su juicio de mayo a noviembre para dar cuenta de la decisión de Ruan, argumentando que “alteraría drásticamente el paisaje de la guerra del gobierno contra los que hacen recetas”.

También en Tennessee, Samson Orusa, un médico y pastor que el año pasado fue condenado por entregar recetas de opioides sin examinar a los pacientes, presentó una moción para un nuevo juicio basado en la decisión de Ruan, luego persuadió a un juez reacio a retrasar su sentencia durante seis meses. para considerarlo.

Y en Ohio, el doctor Martin Escobar citó el fallo de Ruan en un argumento de 11 horas para evitar la prisión.

En enero, Escobar se declaró culpable de 54 cargos de distribución de sustancias controladas, incluidas las recetas que causaron la muerte de dos pacientes. Después de la decisión de Ruan, Escobar intentó retirar su petición, diciendo que habría ido a juicio si hubiera sabido que los fiscales tenían que demostrar intencionalidad.

Una semana después, el día en que Escobar fue sentenciado, un juez federal negó la moción.

Su declaración de culpabilidad permaneció.

Escobar fue condenado a 25 años.

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Datos de las sobredosis, obtenidos por colaboración colectiva, resaltan en dónde hace falta la ayuda

El proyecto de la Universidad de Texas, llamado TxCOPE, busca resolver un problema que mantiene en vilo a los funcionarios de todo el país en su esfuerzo por reducir el número récord de muertes por drogas: obtener una imagen clara y precisa de las sobredosis no mortales y mortales.

EL PASO, Texas – Los hombres hacían fila en el exterior de Corner of Hope, un centro de recursos para personas sin hogar, esperando recibir los productos gratuitos que distribuía una furgoneta blanca.

Algunos querían bolsas con artículos de aseo personal o preservativos, pero otros se llevaban kits que los ayudan a consumir drogas de forma segura, o naloxona, un medicamento para revertir una sobredosis de opioides.

Gilbert Shepherd, trabajador social de Punto de Partida, una organización sin fines de lucro que atiende a las personas que hacen uso indebido de las drogas, interroga amablemente a quienes se llevan los kits de seguridad. Un hombre con anteojos de sol y camiseta negra le explicó que, no hace mucho, se tomó una pastilla que compró por $1,50 y perdió el conocimiento durante horas. Otro, con camisa a cuadros y pantalones caqui, contó haber visto a alguien sufrir una sobredosis tras tomar una pastilla azul.

Esas dos sobredosis se añadirán a una nueva base de datos de Texas llamada Texans Connecting Overdose Prevention Efforts, cuyo objetivo es mejorar el seguimiento de las sobredosis de drogas en el segundo estado más grande del país.

El proyecto de la Universidad de Texas (UT), conocido como TxCOPE, busca resolver un problema que mantiene en vilo a los funcionarios de todo el país en su esfuerzo por reducir el número récord de muertes por drogas: obtener una imagen clara y precisa de las sobredosis no mortales y mortales.

Los grupos comunitarios utilizan ahora los paneles de datos y los mapas de calor de TxCOPE para ver dónde aumentan las sobredosis, y dirigir así los esfuerzos de prevención a esos puntos conflictivos, con suministros de naloxona y personal que explique cómo usarla, dijo Christopher Bailey, coordinador de Project Vida, una clínica de El Paso.

Se trata de uno de los pocos proyectos en Estados Unidos que reúne datos de sobredosis recopilados de forma sistemática por grupos de reducción de daños (es decir, obtenidos por crowdsourcing), según Leo Beletsky, experto legal en salud pública de la Northeastern University. Estos proyectos compensan la falta de una imagen precisa de la crisis de sobredosis que dura décadas. “Es un escándalo”, añadió Beletsky.

Más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis en 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pero no hay un recuento nacional de cuántas personas sobreviven a las sobredosis de drogas. Los CDC ni siquiera tienen un método estándar que los estados puedan utilizar para contar las sobredosis no mortales. Suma los datos de sobredosis de las visitas a las salas de urgencias basándose en los códigos clínicos y de facturación de los estados participantes, pero eso excluye a las personas que no interactúan con el sistema médico, señaló Bradley Stein, director del Rand Opioid Policy Center. Se trata de un “enorme punto ciego”, según Stein.

Además, los datos de sobredosis mortales suelen publicarse semanas o meses después, una vez que el informe oficial del médico forense o los resultados toxicológicos muestran qué sustancias causaron las muertes. “A los opioides los miramos por el retrovisor”, añadió Stein.

Otros proyectos que contabilizan las sobredosis no mortales, como el ODMAP, se basan en los informes de las fuerzas del orden o de los primeros intervinientes. Pero muchos consumidores de drogas no llaman a los servicios de emergencia ni informan de las sobredosis por miedo a ser arrestados, deportados o a otras consecuencias, como la pérdida de sus hijos o de su vivienda debido al consumo de drogas, afirmó Traci Green, profesora y directora de la Opioid Policy Research Collaborative de la Universidad de Brandeis.

“Los actuales sistemas nacionales de datos no han estado a la altura de la magnitud de la epidemia de sobredosis”, escribió el doctor Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, en un llamamiento a la acción publicado el 30 de junio en JAMA. Añadió que es esencial crear un mejor sistema de datos y que su organismo se ha reunido con otras agencias federales para mejorar el seguimiento de los datos sobre sobredosis no mortales.

Green calcula que, a nivel nacional, un 50% de las sobredosis no mortales no se notifican, y que el recuento es mayor en los lugares donde la aplicación de la ley es más estricta y en las comunidades de color. La parte que falta en esta historia “es la de la diversidad”, apuntó.

En Texas, hasta el 70% de las sobredosis, en su mayoría no mortales, no se denuncian, estimó Kasey Claborn, investigadora principal del proyecto TxCOPE y profesora de la Facultad de Medicina Dell y de la Facultad de Trabajo Social Steve Hicks de la UT.

Según cifras oficiales, unos 5,000 tejanos murieron de sobredosis en 2021. Claborn cree que es un recuento insuficiente porque el estado tiene oficinas de examinadores médicos en solo  15 de sus 254 condados. La mayoría de los condados tienen jueces de paz que no siempre solicitan las costosas pruebas de toxicología para determinar la causa de la muerte.

El estado registró casi 4,000 llamadas relacionadas con los opioides a la Red de Control de Venenos de Texas el año pasado y casi 8,000 visitas a las salas de emergencia relacionadas con los opioides en 2020. Claborn analiza cómo se comparan los datos que recoge TxCOPE con esas estadísticas oficiales.

Los expertos en drogas han mostrado su frustración porque consideran que Estados Unidos no trata la epidemia de sobredosis con la misma urgencia que covid-19. Las muertes por drogas se dispararon durante la pandemia, ya que el fentanilo ilegal, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, inundó el suministro de drogas en las calles del país y la gente se quedó sin apoyo por abuso de sustancias.

Pero mientras las autoridades de salud pública basaban las restricciones de la pandemia en el número de casos locales de covid y en el recuento de muertes, los expertos y los trabajadores sociales carecían de datos en tiempo real que les permitieran reaccionar con intervenciones que pudieran salvar las vidas de los consumidores de drogas.

“¿Cómo ayuda eso en una emergencia de salud pública?”, se preguntó Daniel Sledge, un paramédico que ha puesto a prueba TxCOPE en el condado de Williamson, al norte de Austin.

Esa información podría ayudar a los trabajadores sanitarios a identificar qué zonas deben cubrirse con naloxona o si necesitan educar a la gente sobre drogas mezcladas con fentanilo letal.

TxCOPE, financiado por la subvención estatal contra los opioides y la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, comenzó en El Paso en junio de 2021 y luego se amplió a Austin, San Antonio y, posteriormente, al condado de Williamson. El lanzamiento oficial está previsto para el 1 de septiembre, con un despliegue al resto del estado en etapas.

Antes de que el grupo se pusiera en marcha, la difusión era más aleatoria. Se trataba de “atrápame como se pueda”, dijo Bailey, del Project Vida. Al igual que muchos grupos de reducción de daños, hacían un seguimiento informal de las sobredosis, que a menudo se producían entre una población itinerante.

Pero no tenían una forma de poner en común esa información con otros grupos de la ciudad ni de generar mapas para impulsar el alcance comunitario. TxCOPE ha ayudado al grupo a encontrar personas en riesgo para poder ofrecerles prevención de sobredosis, apoyo entre pares o derivaciones a tratamientos. Ahora “podemos centrarnos realmente en esas zonas, enfocados como un láser”, apuntó Bailey.

Paulina Hijar, trabajadora social de Punto de Partida, por ejemplo, contó que se encuentra habitualmente con personas que inyectaron a sus amigos con remedios caseros contra sobredosis que son peligrosos e ineficaces —leche o una mezcla de agua y sal— o que consiguieron naloxona y nunca llamaron a las autoridades. Aseguran que gracias a que los trabajadores sociales se han ganado la confianza de sus comunidades, ahora pueden recopilar información sobre las sobredosis, incluyendo cuándo y dónde se produjeron, algo que normalmente se omitiría en las estadísticas oficiales.

La privacidad es una clave del proyecto TxCOPE: las personas necesitan poder compartir información acerca de las sobredosis sin temor a las consecuencias, indicó Claborn. Texas aprobó en 2021 una ley para proteger a las personas que llamen a los servicios de emergencia durante una sobredosis, pero su alcance es muy limitado. Las personas que tienen una condena por delito de drogas, por ejemplo, no califican. Y alguien está protegido de la detención solo una vez. TxCOPE cuenta con un certificado federal de confidencialidad que lo protege de las órdenes judiciales, y Claborn no comparte los datos generales con el Estado.

Claborn quiere utilizar el proyecto, que está siendo renovado este verano antes de su lanzamiento, para traer más dólares federales al estado. “Hemos tenido dificultades para demostrar que existe un problema real en Texas, porque se ha ocultado”, afirmó.

Ha estado trabajando en una función que permitiría a cualquier persona de la comunidad informar de las sobredosis, un esfuerzo para mejorar los recuentos en las partes del estado que no cuentan con grupos de reducción de daños. Con el tiempo, Claborn quiere cotejar los datos obtenidos por el público con los informes toxicológicos.

Por ahora, sin embargo, el proyecto se basa en las pruebas anecdóticas de los consumidores de drogas y otras personas de la comunidad que informan de que han reanimado a alguien con naloxona, o que han visto a alguien perder el conocimiento, o sufrir otros efectos de tomar demasiada droga.

Una tarde reciente, Shepherd e Hijar reconocieron a un hombre en el parque Houston de El Paso. Les habló de una mujer que había muerto sola en su apartamento hacía una semana y media tras tomar una mezcla de drogas. También mencionó a un individuo al que pudo reanimar con naloxona unos dos meses antes. Los detalles fueron mínimos.

Los investigadores y los grupos de reducción de daños dicen que estos datos imprecisos son mejores que los que han tenido en el pasado. Aunque los datos anecdóticos del proyecto no se han comprobado a fondo, se trata de un gran paso hacia adelante, dijo Stein. “No tenemos nada más en este momento”, concluyó.

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El nuevo movimiento MADD: padres toman acción contra las muertes por drogas

Siguiendo el modelo de Mothers Against Drunk Driving, que generó un movimiento en la década de 1980, organizaciones como Victims of Illicit Drugs y Alexander Neville Foundation buscan aumentar la conciencia pública e influir en las políticas sobre drogas.

La vida tal como la conocía terminó para Matt Capelouto dos días antes de Navidad en 2019, cuando encontró a su hija de 20 años, Alexandra, muerta en la habitación de su infancia en Temecula, California. La ira superó al dolor cuando las autoridades dictaminaron que su muerte fue accidental.

La estudiante de segundo año de la universidad, que estaba pasando las vacaciones en casa, había tomado media pastilla que compró a un dealer a través de Snapchat. Resultó ser fentanilo, el poderoso opioide sintético que ayudó a que las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos ascendieran a más de 100,000 el año pasado.

“La envenenaron y a la persona que lo hizo no iba a pasarle nada”, dijo. “No pude soportarlo”.

Capelouto, quien se describe a sí mismo como políticamente moderado, dijo que la experiencia lo volvió cínico sobre la renuencia de California a imponer sentencias severas por delitos de drogas.

Así que el padre suburbano que una vez dedicó todo su tiempo a administrar su imprenta y criar a sus cuatro hijas, lanzó un grupo llamado Drug Induced Homicide y viajó a Sacramento en abril para cabildear por una legislación conocida como “Alexandra’s Law”.

El proyecto de ley habría facilitado que los fiscales de California condenaran a los vendedores de drogas letales por cargos de homicidio.

La organización de Capelouto es parte de un movimiento nacional de padres que se convirtieron en activistas, que luchan contra la cada vez más mortal crisis de las drogas, y están desafiando la doctrina de California de que las drogas deben ser tratadas como un problema de salud en lugar de ser procesadas por el sistema de justicia penal.

Siguiendo el modelo de Mothers Against Drunk Driving, que generó un movimiento en la década de 1980, organizaciones como Victims of Illicit Drugs y Alexander Neville Foundation buscan aumentar la conciencia pública e influir en las políticas sobre drogas. Un grupo, Mothers Against Drug Deaths, rinde homenaje a MADD tomando prestadas sus siglas.

Estos grupos presionan a los legisladores estatales para que impongan sanciones más estrictas a los distribuidores y a las empresas de tecnología de cabildeo para permitir que los padres controlen las comunicaciones de sus hijos en las redes sociales.

Colocan cartels en las calles que culpan a los políticos por la crisis de las drogas y organizan protestas de “muerte” contra los mercados de drogas al aire libre en Venice Beach, en Los Ángeles y el vecindario Tenderloin de San Francisco.

“Este problema se resolverá con los esfuerzos de base de las familias afectadas”, dijo Ed Ternan, quien lidera el grupo Song for Charlie, con sede en Pasadena, que se enfoca en educar a los jóvenes sobre los peligros de las píldoras falsificadas.

Muchos padres se movilizaron después de una ola de muertes que comenzó en 2019. A menudo, se trataba de estudiantes de secundaria o universitarios que pensaban que estaban tomando OxyContin o Xanax comprados en las redes sociales, pero en realidad estaban tomando pastillas que contenían fentanilo.

La droga llegó por primera vez a la costa este hace casi una década, en gran parte a través del suministro de heroína, pero desde entonces los cárteles mexicanos han introducido productos farmacéuticos falsificados mezclados con el polvo altamente adictivo en California y Arizona para atraer nuevos clientes.

En muchos casos, las víctimas de sobredosis son estudiantes sobresalientes o atletas estrella de los suburbios, lo que da lugar a un ejército de padres educados y comprometidos que desafían el silencio y el estigma que rodea a las muertes por drogas.

Ternan no sabía casi nada sobre el fentanilo cuando su hijo de 22 años, Charlie, murió en el dormitorio de la casa de su fraternidad en la Universidad de Santa Clara unas semanas antes de que se graduara en la primavera de 2020.

Los familiares determinaron a partir de los mensajes en el teléfono de Charlie que había tenido la intención de comprar Percocet, un analgésico recetado que había tomado después de una cirugía de espalda dos años antes. Los socorristas dijeron que el estudiante universitario de 6 pies y 2 pulgadas, y 235 libras, murió media hora después de tomar una píldora falsificada.

Ternan descubrió una serie de muertes similares en otras comunidades de Silicon Valley. En 2021, 106 personas murieron por sobredosis de fentanilo en el condado de Santa Clara, frente a las 11 de 2018. Las muertes incluían a un estudiante de segundo año de la Universidad de Stanford y a una niña de 12 años en San José.

Con la ayuda de dos ejecutivos de Google que perdieron a sus hijos a causa de las píldoras mezcladas con fentanilo, Ternan convenció a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas de redes sociales para que donaran espacios publicitarios para mensajes de advertencia sobre medicamentos falsificados.

La presión de los grupos de padres también ha impulsado a Snapchat, con sede en Santa Mónica, a implementar herramientas para detectar la venta de drogas y restricciones diseñadas para dificultar que los traficantes se dirijan a los menores.

Desde los primeros días de la epidemia de opioides, las familias de las personas que se enfrentan a la adicción y de las que han muerto por sobredosis se han apoyado mutuamente en los sótanos de las iglesias y en las plataformas en línea desde Florida hasta Oregon. Ahora, las organizaciones familiares que surgieron de la crisis del fentanilo en California han comenzado a cooperar entre sí.

Recientemente se formó una red de padres y otros activistas que se hace llamar la California Peace Coalition liderada por Michael Shellenberger, un autor y activista de Berkeley que se postula para gobernador como independiente.

Una crítica de las políticas progresistas de California es Jacqui Berlinn, una empleada de procesamiento legal en East Bay que inició Mothers Against Drug Deaths, un nombre que eligió como homenaje a los logros de la fundadora de Mothers Against Drunk Driving, Candace Lightner, ama de casa de Fair Oaks cuya hija de 13 años fue asesinada en 1980 por un conductor ebrio.

El hijo de Berlinn, Corey, de 30 años, ha consumido heroína y fentanilo durante siete años en las calles de San Francisco. “Mi hijo no es basura”, dijo Berlinn. “Se merece recuperar su vida”.

Berlinn cree que la decisión de la ciudad de no acusar a los traficantes ha permitido que florezcan los mercados de narcóticos al aire libre en ciertos vecindarios y el consumo de drogas, en lugar de alentar a las personas que enfrentan adicciones a buscar ayuda.

En abril, el grupo de Berlinn gastó $25,000 para erigir una valla publicitaria en el exclusivo distrito comercial de Union Square. Sobre una resplandeciente toma nocturna del puente Golden Gate, el letrero dice: “Famosos en todo el mundo por nuestros cerebros, belleza y, ahora, fentanilo sucio muy barato”.

Este mes, el grupo instaló un letrero a lo largo de la Interestatal 80 en dirección a Sacramento que apunta al gobernador demócrata Gavin Newsom.

Reproduciendo la señalización utilizada en los parques nacionales, la cartel presenta un saludo de “Bienvenido al Campamento Fentanyl” contra una toma de un campamento para personas sin hogar. El grupo dijo que una valla publicitaria móvil también rodeará el Capitolio estatal por un período no revelado.

Mothers Against Drug Deaths está pidiendo más opciones y fondos para el tratamiento de drogas y más arrestos de traficantes. Este último marcaría un giro brusco del evangelio de la “reducción de daños”, un enfoque de salud pública adoptado por funcionarios estatales y locales que considera que la abstención es poco realista.

En cambio, esta estrategia exige ayudar a las personas que enfrentan adicciones a mantenerse seguras a través de intercambios de agujas y naloxona, un fármaco para revertir la sobredosis que ha salvado miles de vidas.

Los fiscales progresistas Chesa Boudin en San Francisco y George Gascón en Los Ángeles han evitado encarcelar a los traficantes callejeros, a lo que llaman un juego sin sentido que castiga a las minorías pobres.

Los legisladores de California temen repetir los errores de la era de la guerra contra las drogas y han bloqueado una serie de proyectos de ley que endurecerían las sanciones por la venta de fentanilo. Dicen que la legislación lograría poco además de llenar las cárceles y prisiones del estado.

“Podemos encarcelar a la gente por mil años, y no evitará que la gente consuma drogas, y no evitará que mueran”, dijo el senador estatal Scott Wiener (demócrata de San Francisco). “Lo sabemos por experiencia”.

Algunos padres están de acuerdo. Después de ver a su hijo entrar y salir del sistema de justicia penal por cargos menores de drogas en la década de 1990, Gretchen Burns Bergman se convenció de que acusar a las personas por delitos menores de drogas, como la posesión, era contraproducente.

En 1999, la productora de desfiles de moda de San Diego inició A New Path, que ha abogado por la legalización de la marihuana y el fin de la ley de los “tres strikes” de California. Una década más tarde, formó Moms United to End the War on Drugs, una coalición nacional. Hoy, sus dos hijos se han recuperado de la adicción a la heroína con la ayuda de un “apoyo compasivo” y trabajan como consejeros de drogas, dijo.

“He estado en esto el tiempo suficiente para ver el movimiento pendular”, dijo Burns Bergman sobre las opiniones cambiantes del público sobre la aplicación de la ley.

En diciembre, Brandon McDowell, de 22 años, de Riverside, fue arrestado y acusado de vender la tableta que mató a la hija de Matt Capelouto. McDowell fue acusado de distribuir fentanilo con resultado en muerte, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años en una prisión federal.

Aunque Alexandra’s Law no logró salir del comité, Capelouto señaló que años se dedicaron años de cabildeo hasta que se aprobaron leyes más estrictas sobre conducir en estado de ebriedad. Prometió no renunciar al proyecto de ley que lleva el nombre de su hija, que escribía poesía y amaba a David Bowie.

“Voy a estar de nuevo frente a ellos”, dijo, “Cada año”.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

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¿Puede una inyección mensual frenar la adicción a opioides? Expertos dicen que sí

Una opción inyectable mensual para el tratamiento de la adicción a opioides no logra llegar a todos los que la necesitan por las trabas burocráticas para obtener el medicamento.

Oakland, California.- El doctor Andrew Herring tiene un objetivo claro con los pacientes que buscan medicamentos para tratar la adicción a opioides: persuadirlos de que reciban una inyección de buprenorfina de liberación prolongada.

En su clínica de adicciones en el Hospital Highland, un centro público en el corazón de Oakland, Herring promueve la administración de una inyección de buprenorfina en la barriga para proporcionar un mes de tratamiento, en lugar de recetar versiones orales que deben tomarse a diario.

Asegura que esta opción es un “cambio de juego” y que puede ser su única oportunidad de ayudar a un paciente vulnerable en riesgo de sobredosis.

En California, donde las muertes por sobredosis han estado aumentado, expertos en adicciones dicen que administrar un mes de medicamento tiene un gran potencial, particularmente para las personas sin vivienda o que luchan contra otras formas de inestabilidad.

Sin embargo, el uso de buprenorfina inyectable sigue siendo bastante limitado, especialmente en comparación con otras formas de medicación para la adicción. Los investigadores aún tienen que publicar estudios que comparen diferentes formas de administrar buprenorfina.

La buprenorfina, uno de los tres medicamentos aprobados en los Estados Unidos para tratar el trastorno por uso de opioides, funciona uniéndose a los receptores de opioides en el cerebro y reduciendo las ansias y los síntomas de abstinencia.

Así, si un paciente toma una dosis alta de una droga como la heroína o el fentanilo, es menos probable que sufra una sobredosis. Los pacientes a menudo usan buprenorfina durante años.

Si Herring receta un suministro de buprenorfina en forma de tableta o de una tira que se coloca debajo de la lengua, el paciente debe comprometerse a tomar el medicamento al menos una vez al día, y muchos dejan de hacerlo.

“Es como algo religioso: tienes que levantarte cada mañana y repetir tus votos”, dijo Herring. “En realidad, hay muchas personas que merecen un tratamiento y que no pueden cumplir con ese requisito”.

Las formas orales de buprenorfina han estado disponibles para tratar la adicción desde 2002 y se pueden comprar como genéricos por menos de $100 al mes.

La buprenorfina inyectable, vendida bajo la marca Sublocade, recibió la aprobación de la FDA en 2017. Tiene un precio de lista alto, de $1,829.05 por una inyección mensual. El fabricante Indivior reportó ganancias de $244 millones por la venta de la droga, solo el año pasado, y pronostica alcanzar los $1,000 millones. No hay disponible una versión genérica o competidora del medicamento.

La mayoría de los pacientes no pagarán el precio completo, dice Indivior, su fabricante, porque la mayoría de los planes de salud cubren el medicamento. Los médicos, sin embargo, dicen que el alto costo puede ser una barrera para los pacientes con planes privados, que a veces se resisten a cubrir el medicamento.

Medi-Cal, el programa de seguro médico de California para personas de bajos ingresos, cubre Sublocade sin autorización previa, lo que hace que el tratamiento sea accesible para la mayoría de los pacientes de Herring.

Aún así, expertos en adicciones dicen que el uso de Sublocade sigue siendo limitado debido a los obstáculos normativos necesarios para administrarlo.

Los proveedores deben registrarse en la Administración de Control de Drogas (DEA) y obtener una exención para recetar buprenorfina porque se considera una sustancia controlada. Además, las clínicas deben completar un programa de certificación de seguridad de la FDA para dispensar el medicamento. Y solo puede pedirse a través de una farmacia especializada, aprobada por la FDA.

“En muchos hospitales, eso significará un retraso en la obtención de este medicamento o simplemente optar por no recibirlo”, dijo el doctor Rais Vohra, director regional de California Bridge Network, un programa financiado por el estado que apoya a los hospitales para que ofrezcan tratamiento para adicciones, incluida la clínica de Herring.

Vohra dijo que el Centro Médico Regional Comunitario en Fresno, donde trabaja como médico de emergencia, todavía está revisando los requisitos para ver si la farmacia del hospital puede distribuir el medicamento, lo que lo convertiría en uno de los pocos proveedores del Valle Central.

La buprenorfina oral, por el contrario, es una receta simple que la mayoría de las farmacias locales tienen en stock.

“Todos los obstáculos que los médicos y los pacientes tienen que superar para obtener este medicamento son una locura. No hacemos eso para ninguna otra enfermedad”, dijo la doctora Hannah Snyder, quien dirige la clínica de adicciones en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco.

Varios médicos señalaron que el acceso sigue siendo un problema incluso con formas orales de buprenorfina. A pesar de una cascada de estudios que prueban la eficacia del tratamiento asistido por medicamentos, muchos médicos se resisten a recetarlo, especialmente en comunidades de color.

“La pregunta más importante no es si la bupre inyectable de acción prolongada es una mejor solución”, dijo el doctor Michael Ostacher, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, que compara las versiones inyectables y orales de buprenorfina a través de Veteran Affairs. “La pregunta más importante es cómo aumentamos el acceso al tratamiento para todas las personas que lo necesitan”.

Angela Griffiths se encuentra entre los pacientes que dicen que Sublocade ha cambiado sus vidas. Griffiths, de 41 años, de San Francisco, usó heroína durante 18 años. Cuando estaba embarazada de su hija en 2016, los médicos le recetaron metadona, lo que la hizo sentir “miserable”. Hace tres años cambió a tiras de buprenorfina, pero llevar las tiras a todas partes todavía la hacía sentir atada a su adicción.

Cuando los médicos de la clínica general de SF la cambiaron a inyecciones mensuales de Sublocade, describió el cambio como “extraordinario”.

En los estados donde los planes de Medicaid aún pueden requerir autorización previa, las esperas para Sublocade pueden extenderse a meses. Al otro lado de la frontera, en la clínica Northern Nevada Hopes en Reno, Nevada, por ejemplo, la doctora Taylor Tomlinson dijo que les dice a los pacientes que, entre las batallas por la cobertura y los retrasos en las farmacias, es posible que tengan que esperar dos meses para recibir una inyección.

“El tiempo de espera crea una barrera para la atención”, opinó Tomlinson

El programa de Medicaid de California no requiere autorización previa, pero proporcionar Sublocade sigue siendo un desafío. Herring ha podido reducir parte de la burocracia en su clínica de Oakland trabajando con la farmacia de Highland para almacenar y distribuir Sublocade.

Tan pronto como un paciente acepta una inyección, Herring simplemente llama a la farmacia al final del pasillo y se la administra en el acto.

Herring ve la urgencia de aumentar el uso de buprenorfina inyectable a medida que aumenta el uso de fentanilo en California. Durante años, el mortal opioide sintético se concentró principalmente en la costa este; en 2018, el 88% de estas muertes ocurrieron en los 28 estados al este del río Mississippi.

Pero más recientemente, el fentanilo ha comenzado a infiltrarse en los estados occidentales. De 2018 a 2020, las muertes por sobredosis de fentanilo en California se quintuplicaron, según datos estatales.

“Nadie entiende a lo que se enfrenta”, dijo Herring sobre la potencia del fentanilo. “Este es el momento en el que ocurrirán un mayor número de muertes”.

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